El Gobierno Nacional anunció este miércoles que solicitó al Congreso una autorización para capitalizar Colombia Telecomunicaciones (Coltel), nombre jurídico de Telefónica en el país, para garantizar el pago de las pensiones a unos 16.000 extrabajadores del sector de telecomunicaciones.
Fuentes de Telefónica explicaron que la capitalización sería por cerca de 1,2 billones de pesos, que corresponde al 32,5 % de la participación del Estado.
 Esos recursos servirán para “pagar un patrimonio autónomo que vale en total 4,4 billones de pesos (unos 1.519 millones de dólares), con el que se fondeaba el pago de las pensiones de (la extinta estatal) Telecom y de las empresas teleasociadas”, añadió la fuente.
El ministerio explicó que “el pasivo pensional de los extrabajadores de Telecom y las Teleasociadas liquidadas” es atendido principalmente por Coltel, “en virtud de los pagos que hace bajo el Contrato de Explotación suscrito con el Patrimonio Autónomo Receptor de Activos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Parapat)”.
Coltel asimismo “realiza los pagos necesarios al Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional de Colombia (Fopep) para el pago de los derechos pensionales correspondientes”, según la información.
En ese sentido, explicó que “con el ánimo de garantizar el derecho al pago oportuno de las mesadas pensionales de cerca de 16.000 extrabajadores, se considera necesario una autorización a la Nación para capitalizar Coltel, la cual se encuentra a consideración del Congreso” en el proyecto de Ley de adición al presupuesto nacional.
“La capitalización se llevaría a cabo tanto por parte de la Nación como del accionista mayoritario Telefónica S.A.U”, agregó el comunicado.
El despacho de Hacienda precisó que esa operación “no supone ni supondrá a futuro apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación, ni compromete los recursos provenientes de la Reforma Tributaria Estructural”.

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Y aclaró que se hace así “la asunción de obligaciones por parte de la Nación en proporción a su participación en Coltel, que en la actualidad es del 32,5 %”.
Finalmente, el Gobierno subraya que “no tiene vocación de permanencia como accionista de Coltel” y destaca que “esta operación también facilita” la “desinversión en esta sociedad en el momento oportuno, para así concentrar los recursos públicos en la inversión social”.