El ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, dijo este lunes que la policía se aferró a la ley al no excarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en medio del
embate judicial registrado este domingo en torno a su situación.

"La Policía Federal cumplió estrictamente la ley en un momento muy difícil, complicado, de conflicto de competencias en el Poder Judicial", declaró al diario O Estado de Sao Paulo el ministro, de cuyo despacho depende ese organismo de seguridad, en una de cuyas sedes Lula está encarcelado desde abril pasado.

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Las divergencias surgieron este domingo cuando el juez Rogério Favreto, de guardia en el Tribunal Regional de la Cuarta Región (TRF-4), aceptó un "habeas corpus" presentado en favor de Lula por un grupo de diputados y ordenó su "inmediata" excarcelación.

Esa misma corte, en una decisión colegiada, condenó en enero a Lula a doce años por corrupción y, tras negar las apelaciones que cabían en ese ámbito, determinó su ingreso en prisión, cumplido el pasado 7 de abril.

Sin embargo, Favreto alegó que existía un "hecho nuevo", el cual identificó en la condición de Lula de precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones del próximo 7 de octubre, pese a que había sido anunciada ya a principios de este año.

La decisión de Favreto fue cuestionada por el juez Sergio Moro, responsable por el caso en la primera instancia, y luego anulada por el magistrado João Gebran Neto, instructor de la causa en el TRF-4.

Aún así, Favreto insistió y dictó un segundo auto ordenando otra vez la excarcelación y emplazó a la Policía Federal a cumplirlo el mismo domingo.

Las autoridades policiales, frente al conflicto que se presentó en los tribunales, decidieron esperar a que el propio Poder Judicial resolviera el asunto, que fue finalmente zanjado por el presidente del TRF-4, Carlos Thompson Flores.

Después de casi diez horas de embate judicial, Thompson Flores decidió que, ante el "conflicto de competencias", valía la decisión de Gebran Neto, que ya había sido respaldada el mismo domingo por la Procuraduría General de la República.

Las discordias generaron un debate sobre el papel de un juez de guardia y hoy un centenar de fiscales del Ministerio Público denunció por "activismo judicial" al juez Favreto.

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La acusación, que puede generar sanciones administrativas, fue presentada ante el Consejo Nacional de Justicia y sostiene que, al dictar la orden de excarcelación, el juez "violó flagrantemente el principio del colegiado, y, por consiguiente, el orden jurídico y el Estado Democrático de Derecho".

Según los fiscales, "un juez de guardia es incompetente para revocar la decisión de un colegiado", en alusión a fallos del TRF-4 y otras cortes superiores que ya habían negado recursos similares en favor de Lula.

En ese marco, aseguraron que Favreto incurrió en un "activismo judicial pernicioso y arbitrario" y violó normas según las cuales un juez de guardia no puede "apreciar recursos ya analizados por un tribunal colegiado".