Este viernes, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmó la Resolución 1190, que ordena a las autoridades locales y a la fuerza pública adoptar el Protocolo para la Protesta Pacífica. 

El ministro Rivera aseguró que este protocolo es “una compilación de las normas vigentes y la juridisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la atención de las autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”. 

La resolución deja consignado que, mediante el proceso de concertación que se adelantó, se establecen “lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional y dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica como un ejercicio legítimos de los derechos”.

Además: El 9 de agosto se modificará el horario de atención en la Gobernación

El protocolo desarrolla el numeral 2,2,2 del Acuerdo Final de Paz, en el que el Gobierno Nacional se comprometió a revisar las garantías para la protesta. Además, establece la creación de instancias para proteger los derechos de los ciudadanos durante las manifestaciones. 

Así, en caso de que las protestas pacíficas cuenten con un anuncio previo, el protocolo menciona la creación de un Puesto de Mando Unificado, para monitorear el desarrollo del evento y nombrar un Gestor de Convivencia, para que hagas las veces de interlocutor entre las partes. 

Por otra parte, dispone que el uso de la fuerza por parte de las autoridades “debe ser considerado como el último recurso de intervención”. Igualmente, autoriza a la Policía a trasladar a los involucrados a “sitios destinados a la privación de la libertad”, y la privación de dicha privación no podrá ser mayor a doce horas. 

Finalmente, el ministro es enfático en señalar que las acciones plamadas en el protocolo están enfocadas en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, tanto de los participantes de las protestas, como de aquellos no forman parte de ellas.