El gobernador suspendido del departamento de Córdoba, Edwin Besaile, fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría General de la Nación a causa de los $5.000 millones que se habrían desembolsado durante su administración a una IPS sin un contrato formal de por medio. El capital habría sido transferido a la IPS Funtierra Rehabilitación para que se encargara de las terapias de neurorehabilitación para menores del departamento cordobés. 

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Al gobernador suspendido se le llama a juicio específicamente por no vigilar y controlar los actos del Secretario de Salud, José Jaime Pareja, quien habría ordenado mediante la Resolución No. 00002, del 13 de abril de 2016, el pago por servicios por $ 1.194.750.000 a Funtierra Rehabilitacion IPS, sin que mediara relación contractual con la Gobernación de Córdoba.

De otro lado, al ex gobernador Alejandro Lyons también se le formularon cargos por no controlar y vigilar las acciones de su secretario Preciado Lourdy, quien a través de diversas Resoluciones habría ordenado el pago de servicios de salud por valor de $ 3.793.685.048 a Funtierra Rehabilitacion IPS sin que mediara relación contractual con la gobernación.