Este octubre de 2018 tiene un especial significado en el proceso electoral territorial de octubre 2019.

Este 27 de octubre, o sea, en solo diez días, no sólo faltará un año para los comicios de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de las JAL, sino que un día antes, el 26 de octubre a las doce de la noche, comenzarán a regir las inhabilidades que dispone la Ley 617 para aquellos servidores públicos que serán candidatos y hoy ostentan jurisdicción y mando para contratar, nombrar y capacidad de gasto.

Esta es la inhabilidad clásica para las elecciones regionales y territoriales, pues están fijadas por ley, pero recordemos que para otros expertos en estos asuntos esas inhabilidades debieron regir un año antes del primer día de la apertura del proceso de inscripción de las candidaturas que ya se venció el pasado 26 de junio.

Sin embargo, esta discusión solo se dirimirá con la interpretación jurídica que sustente el Consejo de Estado a través de sus fallos.

Pero la inminente entrada en vigencia de las inhabilidades de la Ley 617 está agitando, obviamente por estos días, el ambiente político y electoral en los casos de candidaturas para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

La pregunta recurrente y que más se escucha es quiénes de los que hoy están colocados en las mieles de la cúpula del poder público parroquial, se decidirán a renunciar para no quedar imposibilitados y salir a hacer campaña y conseguir los votos que los lleve al poder en los dos cargos principales de La Alpujarra.

Inmediatamente salen a relucir los nombres de tres dirigentes que hoy todo el mundo menciona en el escenario de la política de esta región y su capital.

El director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el liberal Eugenio Prieto Soto; el jefe del Servicio Seccional de Salud de Antioquia, el conservador Carlos Mario Montoya Serna y el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, Idea, el uribista Mauricio Tobón Franco.

De este trío de posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia el único que ha dado señales de ganas de jalarle a una candidatura es el gerente del Idea, Mauricio Tobón, y la prueba contundente es que invitó a la prensa a una cena el 24 de octubre para entregar un balance de gestión, lo que significa claramente que se va a buscar votos y el poder.

Otra prueba de la inminente decisión de Tobón Franco es que le comunicó a su socio en el leído portal Minuto 30.com, Jorge Pareja, que siga al frente de esta empresa, porque él se dedicará de lleno a la política.

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Entre tanto, el hermetismo es total por los lados del futuro electoral de los políticos Prieto Soto y Montoya Serna.

Según algunas personas cercanas a ellos dos, la tendencia hoy de ambos es seguir en sus cargos, toda vez que algunos se preguntan y renunciar para qué, con qué y con quiénes.

El panorama liberal nacional y regional es muy desalentador. Pero Eugenio Prieto es ante todo un político y sí le ha dicho a este redactor que nunca estará alejado de esa actividad y que su meta es ser gobernador de su departamento por el voto popular.
        
No obstante, a simpatizantes de las ideas de Prieto Soto les preocupa que deje pasar cuatro años sin ser alternativa electoral, lo que podría afectarlo para sus planes futuros o cuando haya coyunturas más favorables a sus posibilidades.

Del caso de Montoya Serna se dice que hace parte de un equipo consolidado en la política antioqueña, como es el caso de “Conservadores de vida”, que tiene congresistas, diputado, concejales y alcaldes en Antioquia. Pero eso no es suficiente, pues también se necesita de un gran acuerdo conservador que hoy no parece probable, ya que no hay aún confianza para después convertirse en un candidato muy plural en los apoyos. Es el mismo caso del diputado de este grupo Juan Esteban Villegas, quien tampoco se le mide a una campaña si previamente no hay un consenso azul en el territorio.

Y los hermanos Hernán y Hugo Elejalde renunciaron a Indeportes y a Catastro Departamental. El primero lo hizo para no inhabilitar al segundo que será candidato liberal a la alcaldía de Frontino.

En Medellín

Por los lados de la Alcaldía de Medellín, recordemos que desde mitad del año renunciaron como titulares en el Inder, Metroplus y la secretaría de Inclusión Social, en su orden, Juan David Valderrama, César Hernández y Luis Bernardo Vélez, quienes ya están en campaña, buscando inicialmente una oportunidad en el fajardismo, el Partido Verde y con el Polo, intentando construir o copiar una posible “Coalición Colombia” en Antioquia, lo que se ve muy complejo.

Entre tanto, el secretario de Gestión y Control Territorial, el exconcejal José Nicolás Duque Ossa, le acaba de confirmar a El MUNDO que ya le presentó al alcalde de Medellín su renuncia, que se hará efectiva a partir del 23 de octubre, pues ratificó que será precandidato a la Alcaldía de la capital de Antioquia por el Centro Democrático. Su proyecto es integrarse al grupo de los otros aspirantes que por ese partido ya anunciaron también su aspiración y que ya realizaron la semana pasada una primera cumbre con los directivos del uribismo seccional.

Del secretario de Gobierno de la ciudad y hombre de total confianza del alcalde, Santiago Gómez Barrera, lo único que se sabe es de su silencio frente a sus propias  posibilidades.

Acerca del futuro de Creemos, el movimiento significativo de ciudadanos que por firmas llevó a Federico Gutiérrez a ser alcalde de la ciudad, son dos las  especulaciones que se propalan en el mundillo de la política local. Una que podría hacer una alianza con el uribismo, con el cual la van bien, y dos que seguirá en política en forma independiente y con su sello propio. Pero nadie lo confirma, pero tampoco lo desmienten.

Suspenso

El proceso electoral territorial del próximo año entró en serias dudas, debido a un proyecto de reforma constitucional que prolongaría por dos años los actuales periodos de los actuales mandatarios regionales y locales para equiparlos a los actuales periodos presidencial y legislativo.

Esta iniciativa ya fue aprobada en primer debate, de ocho en total, debido al ahorro fiscal para el país de por lo menos medio billón de pesos, porque coincidirían los planes de desarrollo nacional con los territoriales y porque se solucionaría el problema de la Ley de Garantías que paraliza las gestiones de gobernadores y alcaldes durante cuatro meses.

Sin embargo, tiene como su peor enemigo que ese proyecto sería inconstitucional, pues los colombianos votaron por sus gobernantes para cuatro años, que ha sido el mismo argumento que ha tumbado esta misma iniciativa en otras ocasiones.