En estas dos semanas de cierre de la presente legislatura, a causa de la manipulación del Gobierno a la justicia y al Congreso, estamos acudiendo en maratón a las únicas herramientas que nos quedan, como legisladores y ciudadanos, para compensar el desequilibrio de un sistema en el que el presidencialismo está completamente desbordado.  

El pasado viernes, gracias a la acción popular que instauramos el senador Jorge Enrique Robledo, el destacado economista José Roberto Acosta y esta columnista, logramos que el Tribunal de Cundinamarca dictara medidas cautelares que suspenden la venta (irregular y sin pluralidad de oferentes) de Cafesalud. Así, la EPS más grande del país quedó temporalmente protegida y compelida a brindar prestación real y efectiva del servicio de salud a sus más de seis millones de afiliados. Como es de esperarse, las apelaciones llegarán.  Esta semana conoceremos el desenlace, que esperamos sea a favor de los usuarios y se incline hacia la protección del patrimonio público, prioridad que nos ha movido durante nuestra tarea en el Congreso.

En esta misma ruta, insistiremos, esta semana, en nuestra protesta por la lamentada venta de Isagén, en una doble vía: judicial y legislativa. Presentaremos un recurso extraordinario de revisión solicitando la nulidad de la sentencia que permitió al Gobierno enajenar sus acciones en la empresa.  Alegaremos la aparición de documentos posteriores que, de haber sido conocidos en su momento, habrían llevado a que la sentencia fuera diferente.   En ellos, queda claro, por ejemplo, que la mala Reforma Tributaria (donde, en cuatro meses y medio, se les ha arrancado a la clase media y a la baja ocho billones de pesos, que ahora se van a utilizar en gastos de funcionamiento) es la prueba de que sí había otras formas que (aunque no estemos de acuerdo con esta en particular) habría podido utilizar el Gobierno para conseguir más recursos, sin tener que vender Isagén. ¿Por qué no fueron tenidas en cuenta, más bien, las 22 alternativas que, en su momento, expusimos al Ministro de Hacienda, para evitar la venta?

Valga la pena recordar que la justificación del Consejo de Estado para dar vía libre a esa enajenación era que se necesitaban esos recursos para la financiación de las rutas 4G y que no se podían conseguir por otro medio. Sin embargo, hoy, después de un año y medio, ese dinero no está apalancando las 4G y, lo más grave: si descontamos el 10% del dinero, que fue directamente al Fonpet y los 2,4 billones que fueron al Fondes, quedan 3,3 billones de pesos que no sabemos dónde se encuentran.

En el campo legislativo, presentamos por segunda vez  nuestro proyecto de Ley Isagén, que busca determinar controles para impedir ventas injustificadas del patrimonio público.  Sin embargo, por segunda vez, se hunde, en la Comisión Primera del Senado, por darle prioridad a los proyectos liderados por el Gobierno sobre el acuerdo con las Farc.

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Y, precisamente, en cuanto al fast track y a la decretitis del Gobierno, buscaremos, ante la Corte Constitucional, que sea declarada la inconstitucionalidad de decretos como el 903, y evitar, de este modo, la materialización de un peligroso lavado de los cuantiosos activos de la criminalidad, contra el cual somos parte interesada todas las víctimas de las Farc. Haremos todos los esfuerzos necesarios para impedir que lo que logre incautarse de la incalculable fortuna de las Farc sea administrado por ese mismo grupo, por medio de sus delegados y que, a través de decretos como este, se violen de modo, cada vez más flagrante, los criterios de la Corte Constitucional para reparar a las víctimas, establecidos en la sentencia SU-254/2013.

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Y, como acto de desagravio frente a la situación dramática de la niñez, el Congreso cerrará la legislatura con una jornada organizada por la Comisión Accidental para la Niñez, de la que hago parte. Será un evento sin precedentes en el Congreso, durante el cual mostraremos el fracaso rotundo de la política de este gobierno a este respecto.  Esperamos lanzar allí una propuesta integral de protección a la niñez y visibilizar la vulneración sistemática actual de los derechos de los niños, en campos como el de la seguridad alimentaria, el maltrato, el abuso y la explotación sexual, la explotación laboral, el embarazo precoz y la inclusión en la guerra.

Estos temas han sido nuestro “caballito de batalla” durante los últimos años.  Seguiremos comprometidos con ellos y apelaremos a todos los mecanismos pertinentes para que estas tragedias, las más graves del país, puedan, por fin, estar en el centro de la agenda.

P.S: Una noticia que esperamos recibir hoy es la de la reactivación de nuestro proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes. Tras su hundimiento injustificado, en la Comisión Séptima de la Cámara, acudimos a la plenaria de esa cámara para buscar la anulación de esa decisión, no sólo por vicios de forma, ya que fue votada sin la presencia de ninguno de sus ponentes, sino también por las evidentes presiones del Gobierno para hundirlo, como retaliación por mis posturas autónomas y críticas. Esperamos que la plenaria lo vote hoy positivamente para que esta legislatura pueda culminar con una esperanza hacia la solución del problema de la desnutrición en Colombia.

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