La Fiscalía General de la Nación dejó en claro que la masacre de Mapiripán (Meta) sí se tipifica como un crimen de lesa humanidad, al considerar que se trata de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil, por eso se evita la prescripción de las investigaciones.

Así lo determinó la Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General, a través de una providencia de 27 páginas, en la cual da respuesta a la solicitud de las victimas a la declaratoria de lesa humanidad de este caso, ocurrido entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

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“La Fiscalía procede a reafirmar la calificación de crimen de lesa humanidad, por cuanto, según se afirma en la providencia los crímenes cometidos con ocasión de la toma violenta del municipio de Mapiripán ya fueron declarados formalmente como crimen de lesa humanidad por parte de la Corte Constitucional“, señala la decisión de la Fiscalía.

El fiscal del caso también respalda esta declaratoria de lesa humanidad en la sentencia del 15 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la cual declara la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los hechos de Mapiripán.

“Constituyen características básicas de la noción de crímenes de lesa humanidad, por una parte, la gravedad, el impacto y las consecuencias sobre la comunidad mundial, considerando como sujeto pasivo principal y colectivo a la humanidad y, por otra parte, el carácter masivo o sistemático de la conductas aludidas”, señala la Fiscalía del caso.

En su decisión la Fiscalía enfatizó que el general retirado, Rito Alejo del Río, también tendrá que responder en indagatoria por esta masacre bajo la calificación de crimen de lesa humanidad del homicidio agravado de Mario Calderón Villegas y su esposa Elsa Alvarado Chacón.

Es de recordar que esta masacre, según las autoridades, fue cometida por un centenar de integrantes de las entonces autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá que lideraba el extinto exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil, con la presunta connivencia de altos oficiales del Ejército y de la Fuerza Pública.