La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio, es decir expropiación 277.000 hectáreas de tierra de disidencias de las Farc valoradas en $282.000 millones (unos US$98 millones) y ubicadas en cuatro departamentos del país, informó hoy la institución.

Según el fiscal general, Néstor Humberto Martínez en una rueda de prensa en Bogotá "hemos recuperado 277.000 hectáreas de tierra, que equivalen a dos veces el municipio de Medellín y que corresponden a disidencias de las Farc y a excombatientes de las Farc".

La Superintendencia de Notariado y Registro "permitió identificar bienes producto del narcotráfico, explotación ilícita de tungsteno y coltán, y actividades ilícitas desarrolladas por los frentes Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta, y el Frente Acacio Medina, estructura disidente de Jhon 40, todos de las Farc", agregó Martínez. En Guainia se identificaron inmuebles y sociedades dedicadas a la explotación ilegal de Tungsteno y Coltán.

Según la investigación, esta actividad era legalizada a través de un título minero ubicado en Cumaribo (Vichada), cuando en realidad el tungsteno y el coltán eran extraídos desde la mina Cerro Tigre, ubicada en el parque natural de Puinawai, zona de reserva natural en Guainía. A través de este mecanismo exportaron más de 350 toneladas de los minerales valuados en US$5 millones, en un periodo de tres años.

Los dineros producto de estas actividades ilícitas eran blanqueados a través de la empresa minera American Mineral World S.A.S., que también fue objeto de medidas cautelares de extinción de dominio.

En el sur de Bolívar se logró la identificación de predios rurales ubicados en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo, que fueron aprovechados históricamente por el Frente 24 de las Farca. Mientras que en el Meta se ubicaron terrenos considerados como zonas de reserva natural en los municipio La Uribe y Mesetas, que al parecer se encuentran presuntamente a nombre de testaferros del Frente 40 Jaime Rodríguez de las Farc. Entre tanto en Arauca se identificaron bienes inmuebles ubicados en la zona de influencia del Frente 10 del Bloque Oriental de las Farc, cercano a los municipios de Tame y Arauquita.

Según las investigaciones estos predios fueron utilizados en actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado de personas.