La Fiscalía de Estados Unidos instó a la Justicia a proseguir el juicio de extradición contra el exministro colombiano Andrés Felipe Arias, condenado por corrupción en su país, al considerar “drástico” el recurso con el que buscaba detener el proceso.

“Se trata de un recurso drástico que debe utilizarse en raras circunstancias”, señaló la Fiscalía, según documentos a los que la agencia de noticias Efe tuvo acceso este martes.

Son requerimientos “emitidos si el peticionario muestra 'circunstancias excepcionales que equivalen a una usurpación judicial del poder'”, precisó la Fiscalía estadounidense, que representa al Gobierno de Colombia.

Los abogados de Arias habían sometido el llamado “mandato de prohibición” para frenar lo actuado por el juez O'Sullivan, a cargo del caso de extradición.

Sin embargo, el juez rechazó la semana pasada el recurso que buscaba suspender el juicio hasta que otro magistrado federal determinara si el proceso debía continuar.

O'Sullivan señaló además que la Fiscalía deberá presentar un memorando a más tardar el próximo 24 de marzo y Arias su respuesta a más tardar el próximo 28 de abril.

Mientras, los abogados de Arias, David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David Seitles, solicitaron al juez “reconsiderar” la negativa.

Los abogados argumentan que el tratado de extradición entre ambos países es sólo vinculante para EE.UU. y no para Colombia, lo que viola “la 'Norma básica' de la extradición internacional”. Arias fue condenado en un caso de corrupción a más de 17 años de cárcel.

El juez O'Sullivan ya había desestimado el pasado 6 de febrero una “moción de emergencia” de Arias, quien fue detenido el 24 de agosto pasado en el sur de Florida y liberado bajo fianza el 17 de noviembre.

En esa ocasión, O'Sullivan señaló que la evidencia presentada por la Fiscalía dejaba claro que ambos Gobiernos están de acuerdo en la vigencia del tratado de extradición. “El tratado de extradición permanece en pleno vigor y efecto”, aseguró.

Los abogados del exministro habían pedido en octubre pasado que lo pusieran en libertad con el argumento de que “no hay un tratado de extradición vigente” entre ambos países.

El exministro fue condenado a 17 años de cárcel por delitos relacionados con el desvío de subsidios para campesinos pobres que terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura.

Sus abogados aseguraron en la moción que el acuerdo suscrito en 1979 entre ambos países “no cumplió con la ratificación” en Estados Unidos por parte del Senado y en Colombia mediante otros procedimientos.