La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la inmunidad de ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa Corte para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento.

"La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del código penal", afirmó la titular del Ministerio Público desde el máximo tribunal tras iniciar la acción legal.

La medida de "antejuicio de mérito" solicitada a la plenaria del TSJ recae sobre seis magistrados principales de la Sala Constitucional -responsable de la interpretación de la Constitución venezolana- Juan Jose Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y también sobre los suplentes Federico Fuenmayor y René Degaves.

A juicio de la fiscal, el TSJ, a través de la Sala Constitucional, "ha venido ejecutando con una política reiterada dictando distintas decisiones" en contra de la Asamblea Nacional venezolana.
Se refirió específicamente a las dos decisiones tomadas por esta sala con las que a finales de marzo el Supremo se arrogó las funciones de la Cámara, inutilizando al cuerpo legislador, y declarando incompatible la inmunidad de los diputados, una medida que fue revertida poco después en medio del rechazo de la fiscal y la presión internacional.

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Con "esas sentencias prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional, se le quitaban todas las atribuciones y se las arrogaba la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con la potestad de delegarlos en quien ellos quisieran", recordó la funcionaria.

"Indudablemente estas sentencias ponen en peligro la democracia, un requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana", agregó.

Ortega Díaz señaló estas sentencias como una manera de "conspirar" contra la forma de república de la nación.

Además, citó, entre esas formas de atentado, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva carta magna sin que se haya consultado a los venezolanos sobre esto.

"Cuando se desconoce el estado de derecho me vi en la necesidad de solicitar este antejuicio de mérito porque es necesaria la paz de la república, es necesaria la seguridad", dijo.

La fiscal criticó el que se quieran eliminar instituciones del Estado por diferencias políticas, como en el caso del Parlamento, controlado por los opositores, y sin facultades prácticamente desde que fue elegido.

"No puede ser que hoy no me gusta la Asamblea y la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino, mañana no me gusta otro organismo y yo lo elimino, necesitamos seguridad", afirmó.

No se puede "desmantelar el Estado, conspirar para cambiar la forma republicana establecida en esta constitución, solamente por caprichos", recalcó.