Néstor Humberto Martínez sostuvo que para someterse a la justicia, la organización criminal debe entregar su patrimonio ilícito.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró este martes que si la banda criminal clan del golfo quiere someterse a la justicia debe dejar de delinquir y entregar su "patrimonio ilícito" y las rutas del narcotráfico.
"Desde la perspectiva de la Fiscalía, el sometimiento debe condicionarse, cuando menos, al cese absoluto de las actividades delictivas, a la entrega del patrimonio ilícito de la organización y claro está de los cultivos y rutas del narcotráfico", afirmó Martínez en declaraciones recogidas por su despacho.
El presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que el clan del golfo está dispuesto a someterse a la justicia, por lo que ordenó evaluar esa posibilidad.
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"El pasado 3 de septiembre recibimos del jefe del clan del golfo una manifestación expresa de la voluntad de acogerse, de someterse a la justicia", dijo el mandatario en la posesión de magistrados de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
Horas después, el capo de esa banda criminal y narcotraficante más buscado del país, Dairo Antonio Úsuga, alias otoniel, confirmó que su grupo está negociando con el Gobierno un sometimiento a la justicia.
En un vídeo difundido en sus redes sociales y vestido con uniforme de campaña, alias otoniel aseguró hablar como "comandante general" de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se autodenominan, y dijo que tienen "voluntad firme" de que "en Colombia se consolide la paz total".
Al respecto, el fiscal general manifestó que se reunirá con el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, para "conocer los alcances de la reciente petición".
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Sobre ello, aclaró que el sometimiento colectivo de organizaciones no está previsto en la legislación colombiana.
"Este será entonces un asunto que habrá que explorar inicialmente con el señor ministro", añadió.
El clan del golfo, dedicado principalmente al narcotráfico y la extorsión, es considerado por las autoridades como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país y también como la mayor amenaza para la paz tras la firma del acuerdo con las Farc.