La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, introdujo este jueves un recurso de nulidad contra el proceso constituyente que impulsa el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y denunció que, a su juicio, el Poder Electoral incurrió en violaciones del principio de la soberanía constitucional.

"Por eso he venido (...) a presentar este recurso de nulidad, porque considero que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, (...) del principio de igualdad y del voto...", dijo a los medios desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas.

Ortega acudió a la Sala Electoral del Supremo para solicitar que se declare la nulidad de las decisiones del CNE, principalmente la de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), "por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales".

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La titular del Ministerio Público (MP) pidió el jueves pasado a la Sala Constitucional del TSJ aclarar una decisión con la que este dio luz verde a Maduro para impulsar la Constituyente sin que se convocara un referendo previo para consultar a los electores si estaban de acuerdo con iniciar este proceso.

Este fallo de la Sala Constitucional consideró "que no es necesario, ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria" de la ANC.

Casi una semana después, el máximo tribunal decidió que la fiscal no estaba legitimada para solicitar esta aclaratoria y declaró "inadmisible" esta petición y, por otra parte, el CNE aprobó la elección de la ANC para el próximo 30 de julio, con las bases para este proceso propuestas por Maduro.

Ante esto, Ortega Díaz resaltó este jueves: "El pueblo merecía que le respondiera si todavía estamos en una democracia protagónica o si volvimos a la democracia representativa. El pueblo merecía saber si hay progresividad en los derechos humanos o tenemos que justificar este feroz represión que estamos viviendo".

En ese sentido, explicó que el MP intenta esta segunda acción "para defender la soberanía popular, para defender la Constitución" y "especialmente, porque es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar" una Constituyente.

La fiscal, además, explicó que este recurso va acompañado de un "amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de todos los efectos de la constituyente".

También solicitó declarar la nulidad de las bases del proceso "porque son inconstitucionales".

"Este recurso que estoy intentando es para defender la soberanía popular (...) para defender a los venezolanos, porque aquí lo que está en juego es el país, es la integridad de los venezolanos, es la paz que nos merecemos", sostuvo.

Ortega, que desde hace unos meses ha venido marcando distancia del Gobierno al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo, consideró que cambiar la actual Constitución es, además, una destrucción del legado del expresidente fallecido Hugo Chávez.

"Este es uno de los principales legados del presidente Chávez. El chavismo es una corriente del pensamiento, no es un partido político, es una filosofía de vida y este es el principal legado del presidente Hugo Chávez", recalcó.

Asimismo, la fiscal reflexionó sobre el sostenido llamado a la paz por parte del Gobierno venezolano, y señaló que la paz del país debe "construirse colectivamente entre todos".

"No debe ser impuesta por un único actor o bando", agregó, y con esto criticó la actitud de algunos funcionarios chavistas que, a su juicio, hacen llamados "violentos" a participar en la constituyente.

"Los vamos a aniquilar con la constituyente, los vamos a poner presos, están obligados a apoyar la constituyente porque serán enjuiciados por traición, serán encarcelados", dijo citando a los supuestos funcionarios y calificó estas frases de "agresivas y amenazantes".

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En ese sentido, la fiscal instó a los venezolanos a rechazar la iniciativa presidencial de cambiar el ordenamiento jurídico y a acudir a la Sala Electoral del máximo tribunal para "hacerse parte como terceros interesados (...) y rechazar tal convocatoria".

Ortega Díaz no solo se ha mostrado adversa a la eventual redacción de una nueva Carta Magna, sino que también ha criticado la actuación de las fuerzas de seguridad encargadas de dispersar las manifestaciones que desde hace 69 días sacuden a la nación caribeña, algunas de las cuales han dejado un total de 67 fallecidos.