Santos y su grupo siguen menospreciando la institucionalidad colombiana. Ahora presiona a la Corte Constitucional para que le apruebe el fast track, previsto en el Acto Legislativo 01, a sabiendas que esta condicionó la aceptación del acuerdo a una refrendación popular, pedida por el propio gobierno, como consignó en su sentencia C-379 de 2016. Y lo hacen sin ningún disimulo, tratando de arrinconarla. Lo ha hecho desde el país, pero también desde Oslo, donde se encuentra recibiendo su premio Nobel. Es que, todo el mundo lo sabe, si la Corte le da vía a este mecanismo, la cascada de reformas y el cambio de nuestro sistema democrático tendrán vía libre en el congreso enmermelado de manera casi inmediata, sin que exista la posibilidad de modificar los textos que se le presenten (70 o más, se dice, pactados adicionalmente entre las Farc y el Gobierno). 

Ya EL MUNDO, en un editorial, denunció este gravísimo atentado a nuestra democracia, como también lo hizo sobre el hecho de que los cultivos ilícitos siguen creciendo, según el informe de la DEA, no desmentido por el Gobierno, y que gran parte el problema radica en la participación de las Farc en este billonario negocio. 

Este asunto está ligado al acuerdo firmado y a las leyes que se tramitarán por la vía fast track: la amnistía, el indulto, pero también, el manejo de los cultivos ilícitos y las gabelas que se le conceden a al cartel de las Farc y a los narcocultivadores que trabajan con ellas, por las buenas o por las malas. Gravísimo. Tanto, que, si ese problema no se resuelve de fondo, no habrá cese de la violencia doxa en Colombia. La coca (y la minería ilegal) es el motor de todas las desgracias del país en los últimos cuarenta años. Las Farc y el Eln subsistieron gracias a esa fabulosa industria, que las enriqueció y corrompió, como sucedió con los paramilitares y ahora con las Bacrim. 

Si ese es el corazón del rompecabezas, su solución radical debió ser el nervio y corazón de la negociación con esa guerrilla, buscando la erradicación total y pronta de los cultivos, por todos los medios, así como de los laboratorios y rutas, usando todo tipo de erradicación y el peso de la ley, porque a grandes males, grandes remedios.

Pero ocurrió lo contrario: lo pactado aplaza casi indefinidamente la erradicación, que ha de ser manual y con el consentimiento de los productores, es decir, con quienes trabajan con y para las Farc, el Eln y las Bacrim, y durante un período larguísimo, tasado en décadas, sin que las autoridades puedan intervenir, o lo hagan sin contundencia después de vencer todo tipo de trabas y dificultades. No es gratuito que el acuerdo permita crear guardias campesinas, que cuidarán precisamente los territorios sembrados de coca o de laboratorios y lugares estratégicos para el transporte de su mercancía. El Ejército no podrá intervenir, porque se acaba con la doctrina del enemigo interno y la policía tendrá que hacer frente a los infinitos paros y “movimientos sociales”, como ya lo hicieron en el Catatumbo o el sur del país, controlada por la paritaria Comisión de Verificación, entre la guerrilla y el Gobierno, en la que las Farc velarán para que no se persiga a los narcocomerciantes, es decir, a ellos y sus socios. El resultado será la consolidación de un narcoestado en manos de los peores delincuentes y paria entre la comunidad internacional.

Se le cedió a la élite de las Farc en todo lo que pidieron a cambio de nada. Y a sabiendas de que no se estaba llegando a un acuerdo con el grupo completo, sino con una parte de este. En efecto, no se le desmonta el negocio al Secretariado, sino que lo perpetúa; pero, además, ya los expertos calculan que hasta el 40% de los efectivos de las Farc y muchos de sus frentes más importantes, no se desmovilizarán, porque sus mandos encontraron la oportunidad de quedarse con la faena completa, sin tener que transferir parte sustancial de las ganancias a los heliotropos que viven en La Habana. Y quedan los del Eln, que resultan fortalecidos porque ocuparán algunos territorios de las Farc y porque habrá cambio de brazaletes con la cúpula de aquellas. Y también las Bacrim, que se están acomodando a las nuevas y mejores perspectivas. 

¿Paz para el país? No. Más violencia por cuenta de esos actores. Y persecución para los ciudadanos que se oponen a este engendro, quienes, ya lo dijo el inefable alias carlos antonio lozada, serán llevados a las cárceles.