En el Putumayo se firmó un acuerdo a nivel departamental que incluye a todas las familias cocaleras, considerado como el segundo con más cultivos en el país. El Estado también llegó a un acuerdo con otras regiones cocaleras, para un total de 55.000 familias.
Un mes después de presentado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito por las Farc y la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, representantes de familias cocaleras del Putumayo firmaron un acuerdo con las autoridades para realizar la sustitución de cultivos.
Adicionalmente, se pactó la sustitución en zonas con alta presencia de siembras de coca: Vista Hermosa (Meta), Cumaribo (Vichada), La Montañita (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), y Tumaco, Magüí Payán Roberto Payán, Barbacoas y El Charco (Nariño).
Los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas incluyen en un principio la eliminación de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra de coca, ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas relacionadas con estos.
Con estos acuerdos, la Alta Consejería iniciaría “un trabajo conjunto con más de 55.000 familias, que reemplazarán sus cultivos de coca en más de 55.000 hectáreas por productos que les permitirá contar con ingresos estables y tener una calidad de vida digna”, según señaló la entidad en un comunicado.
Simultáneamente, la Gobernación de Córdoba firmó un acuerdo interinstitucional con las alcaldías de los municipios de Tierralta, Valencia, San José de Ure, Montelíbano y Puerto Libertador, para “construir de manera conjunta y participativa los Planes Integrales de Sustitución de Cultivos lícitos y garantizar su adecuado desarrollo”.
la Alta Consejería espera en las próximas semanas firmar acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en Tambo, Miranda y Buenos Aires (Cauca), Arauquita (Arauca); Briceño, Anorí y Cáceres (Antioquia); Tierralta y Montelíbano (Córdoba) y Policarpa (Nariño).
Con este programa, que se presentó el 27 de enero, se inicia la implementación del punto 4 del Acuerdo Final, que permitirá a las comunidades participar activamente en la construcción y desarrollo de los proyectos productivos para la sustitución.
Las Farc, por su parte, asumen la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas.
La entidad señaló que “la meta es sustituir aproximadamente 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito durante el primer año de su implementación en más de 40 municipios de los departamentos más afectados”.
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