Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Colombia entre 1992 y 1997 expresaron este martes en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su insatisfacción por lo que consideran un escaso reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado.

Los siete jueces de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica pero que celebra sesiones extraordinarias esta semana en Panamá, escucharon a las partes en el caso de estas muertes, que se dieron en el contexto denominado como “falsos positivos” de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Se trata de las alegadas ejecuciones extrajudiciales de Gustavo Giraldo Villamizar Durán el 11 de agosto de 1996; de Elio Gelves Carrillo, el 28 de mayo de 1997; de Carlos Arturo Uva Valandia, el 21 de junio de 1992; y de Wilfredo Quiñónez Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge el 4 de septiembre de 1995.

María Rosalba Bárcenas, madre de Wilfredo Quiñónez, declaró acerca de cómo su hijo y sus amigos, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez, fueron “ejecutados por el Ejército” por supuestamente ser guerrilleros.

Bárcenas, originaria de Barrancabermeja, dijo que Romero y Ramírez “estaban irreconocibles y desfigurados, como si les hubieran echado ácido”. 

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La anciana afirmó que “todavía no se ha hecho justicia” pues “están sueltos los responsables” por este caso de “falsos positivos” de Colombia, el primero que llega a la CorteIDH y que fue presentado por la Cidh el 14 de abril de 2016, según confirmó a periodistas el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.

Edidxon Villamizar, otro de los familiares que habló, dijo que fue por la radio se enteró de la muerte de su hermanastro, identificado en las noticias como un supuesto “comandante de las Farc con el nombre Gustavo Giraldo Villamizar y apodado cendales”.

Villamizar indicó que el Gobierno estigmatizó a los jóvenes del municipio del Departamento de Arauca y que Gustavo fue víctima de ello, y hasta hoy, dijo, su muerte ha quedado impune “y no ha habido justicia porque los culpables siguen libres”.

También aseguró que luego de la muerte de Gustavo fue hostigado y perseguido junto a su familia por ocho años por el Ejército bajo la sospecha de que todos eran también guerrilleros, lo que le ha dejado secuelas psicológicas y daños económicos.

Ana Milena González Román, representante del Estado, dijo que en el caso de Quiñónez el Ejército llegó a un acuerdo de reparación con sus familiares, lo que fue aceptado por la anciana aunque dijo desconocer el monto. 

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Recordó que en este caso se condenó a 26 años de prisión a los responsables de la muerte de Quiñónez y el Estado reconoció su responsabilidad y le pidió disculpas a su familia, lo que Bárcenas dijo tampoco conocía.

González Román añadió que el Estado también pidió perdón y reconoció su responsabilidad en el caso de Gustavo Villamizar, pero el hermanastro de éste respondió que “nunca nos han pedido perdón ni nada eso” y que sus abogados no se lo informaron.

El comisionado Orozco dijo este martes que la Cidh determinó que todas estas muertes tuvieron lugar en el contexto conocido como “falsos positivos”, consistentes en ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado.

Orozco indicó que entre los factores de impunidad en este caso se destaca el conocimiento de los hechos por la justicia penal militar; el incumplimiento de investigar con la debida diligencia las muertes y las “horribles torturas” de Quiñónez, Romero y Ramírez.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emitió este martes un comunicado señalando que la audiencia de la CorteIDH no se refiere a los llamados “falsos positivos”, una “problemática afrontada por Colombia a partir del año 2002”, sino “a presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en el país entre 1992 y 1997”.