Cuatro años después, el juez sexto administrativo oral del Circuito de Medellín, dictaminó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) deberá indemnizar a los familiares del periodista asesinado Luis Carlos Cervantes Solano, por haberle retirado el esquema de seguridad.

El 12 de agosto de 2014 le quitaron la vida a Cervantes Solano en Tarazá, donde residía y ejercía su labor como director de la emisora comunitaria Morena Stereo.

No obstante, desde el 2010 la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) fue informada de las amenazas contra el reportero por las publicaciones en las que denunciaba hechos de corrupción, del Bajo Cauca antioqueño.

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Ante esta situación, alertaron a la UNP que le asignó un esquema de seguridad y se lo quitó semanas antes de su asesinato.

Para el momento del crimen, año 2014, la información disponible no apuntaba a que los motivos estuviesen relacionados con el oficio periodístico. Pero para principios de 2016, la Flip conoció los testimonios de Javier Vega Osorio, alias morroco, ante la Fiscalía General de la Nación.

El detenido aceptó ser autor del crimen de Cervantes y pactó un preacuerdo para someterse a la justicia.

"En esa declaración, el acusado, quien es miembro de la banda criminal los paisas, reconoció que la decisión de asesinar a Cervantes se motivaba en sus denuncias", reseñó la Flip, que luego de conocer esos datos, regresaron al Bajo Cauca y retomaron la documentación del caso de Cervantes Solano.

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De acuerdo con la Asociación de Redes de Comunicación Comunitaria de Antioquia (Asoredes), se confirma entonces que "a Luis Carlos el Estado colombiano se le retiró el esquema de seguridad diez días antes de su asesinato", ya que hicieron parte de los testigos para lograr esclarecer tan lamentable pérdida para la radio.