La pasada emergencia ambiental del Valle de Aburrá pudo haber sido una gran ocasión para implementar un ambicioso programa educativo dirigido a crear conciencia entre la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar modos de consumo y compromisos con el manejo del medio ambiente. Las medidas tomadas de ampliar la restricción en el uso de los vehículos (ampliando los días y los horarios del pico y placa), así como los controles en movilidad fueron recibidas con resignación y acatadas como maneras de mejorar la calidad del aire.
Ante la evidencia de la crisis ambiental, muchos ciudadanos consideraron que las restricciones en movilidad tomadas por los alcaldes, se quedarían de manera permanente, de la misma manera a lo que ocurrió con el impuesto del cuatro por mil y el no pago de las horas extras a los trabajadores, entre otras, justificadas como mecanismos para salvar el sistema financiero y mejorar la productividad en su momento, respectivamente.
Las autoridades del Valle de Aburrá perdieron una gran ocasión para poner en marcha un ambicioso programa educativo aprovechando la toma de conciencia de la ciudadanía sobre la degradación de la calidad del aire y por ende la desmejora sustancial de la calidad de vida. Muchos de los programas educativos que se han diseñado para crear conciencia en los temas del medio ambiente han fracasado precisamente porque no han logrado “ilustrar”, “vivenciar”, “poner en escena” las consecuencias de lo que se habla en la teoría con lo que se puede llegar a vivir si no ocurre un cambio de nuestro compromiso con el medio ambiente.
El impacto de vivir en carne propia las inclemencias de un aire sucio, los efectos sobre la salud de niños y personas de la tercera edad, así como la no posibilidad de hacer actividades al aire libre, ocasionadas por el material particular suspendido en el aire, permitieron crear conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de tomar decisiones drásticas como la restricción del uso de los vehículos y un compromiso de fondo para que los alcaldes de los municipios del Valle de Aburrá propongan medidas de gran calado sobre temas como: el tamaño del parque automotor (vehículos, camiones, motos, camionetas, volquetas, buses, taxis), la reconversión de los carros de gasolina a gas o electricidad, el control de las emisiones de las fábricas, entre otras medidas.
Dado que las condiciones geográficas de Medellín no se pueden cambiar y que sigue el aumento del parque automotor, sumado a la no regulación de la actividad productiva en el Valle de Aburrá, no es difícil predecir que en próximos meses estaremos ante una nueva y más grave emergencia ambiental. No es lógico que. si tenemos en perspectiva este escenario, los alcaldes del Valle de Aburrá no aprovecharan lo sucedido, en la última emergencia ambiental, para mantener las restricciones en el uso de los vehículos y paralelamente intervenir los focos de contaminación con regulaciones más severas. Está claro que nuestros alcaldes requieren asesoramiento de expertos (científicos, educadores) que les permitan ampliar su visión ante esta clase de contingencias de las grandes ciudades.
PD: Completa solidaridad con los damnificados de Mocoa; ojalá que pasemos la página de los odios políticos y nos concentremos en apoyar al gobierno para que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna. 
(*) Profesor Universidad de Antioquia