Debido al pronunciamiento de la Corte Constitucional y con 51 votos a favor y siete en contra, el Senado aprobó el pasado miércoles la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya última discusión dio como resultado el apoyo a la doble instancia y la pérdida de investidura.

Luego de siete plenarias suspendidas en las que se intentó el tránsito de esta norma, doce impedimentos, ausentismo y retrasos para la agenda legislativa bajo la figura del fast track, la decisión de alta corte favoreció el ambiente que llevó a que avanzara la iniciativa de la justicia para el proceso de paz con las Farc.

Lo que sigue para la JEP será un último debate en la Cámara de Representantes, luego tendrá una conciliación y finalmente pasará a revisión de la Corte Constitucional.

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Esta sesión no estuvo exenta de polémica, ya que aprobado un régimen de inhabilidades que limitaría la participación de algunos de los magistrados elegidos por el Comité de Escogencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrnr), para que ocuparán los tribunales creados por la JEP.

Entre estas se incluyó una regla que determina que las personas que en los cinco años anteriores ejercieran representación judicial o administiva de actuaciones del conflicto armado o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan hecho dicha representación no podrán tomar posesión de su cargo, esto incluye organizaciones humanas y algunos colectivos sociales.

Asimismo, los que hayan gestionado o representado intereses privados contra el Estado o hayan tramitado acciones frente tribunales internacionales, tales como reclamaciones por violaciones a los derechos fundamentales, DIH o a la jurisdicción internacional.

Sobre esto, el ministro de Interior, Guillermo Rivera, advirtió en un medio de comunicación nacional que con este conjunto de inhabilidades, de ser aprobadas por la Cámara, serían derogada por la Corte, ya que “los magistrados ya fueron escogidos y uno no le puede imponer a una persona que se inscribió a una convocatoria abierta unas reglas distintas”.

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Por otro lado, el Partido Conservador realizó una propuesta para que avalaría que paramilitares y parapolíticos recuperaran los derechos políticos a través de la JEP, siempre y cuando aporten a la verdad y brinden garantías de no repetición. Esta iniciativa fue calificada como un “mico” por la senadora Claudia López y Luis Fernando Velasco consideró que fortalecería dicha jurisdicción.

Dentro de los artículos avalados, también avanzó el relacionado con la participación política de los miembros de las Farc que vayan a ser objeto de sanción por parte de la JEP, con 51 votos a favor y 0 en contra; y los artículos 99 y 102 que abarcan las disposiciones de la Corte Constitucional sobre magistrados de la sala y magistrados del tribunal para la paz.