Además, la viuda del fallecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, también perdió algunas propiedades luego del fallo.
El fallo judicial dispone el traspaso de los mencionados bienes, cuyo avaluó catastral es de $6.200 millones, a favor del Estado.
Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia ordenó aplicar extinción de dominio a 16 bienes cuyos titulares son la madre y la hermana de John Jairo Velásquez Vásquez, alias popeye.
Según comunicó el ente acusador, las propiedades sujetas a la extinción están a nombre de Aura Ofelia Vásquez de Velásquez, madre del exjefe de sicarios y Luz Marina Velásquez Vásquez, su hermana.
Entre los bienes secuestrados “figuran un apartamento y una casa ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, así como dos bodegas ubicadas en el barrio Cristo Rey y dos vehículos”, apuntó la Fiscalía
La hermana de Velásquez también fue expropiada de una bodega en el barrio Guayabal y de una casa de 868 metros cuadrados escriturada a nombre de su exesposo, Óscar Diego Jaramillo Fernández.
El fallo de primera instancia también afectó un terreno y dos locales comerciales de un establecimiento de grandes superficies conocido como Domo Centro Comercial, ubicado también en un exclusivo sector de El Poblado y cuya propietaria era la viuda de Escobar Gaviria.
También se ordenó la extinción de dominio a un vehículo Mercedes Benz modelo 1977, de placas LX 1865 de propiedad del desaparecido capo.
“La Fiscalía demostró que todos los bienes afectados provenían del capital obtenido en desarrollo de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico que fueron desplegadas por Pablo Emilio Escobar Gaviria y sus lugartenientes, entre ellos Jhon Jairo Vásquez Velásquez. Se estableció además que las propiedades de la familia de alias popeye empezaron a comprarse en 1988, dos años después de su ingreso a la reconocida estructura criminal”, señaló la notificación.
El fallo judicial dispone el traspaso de los mencionados bienes, cuyo avaluó catastral es de $6.200 millones, a favor del Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La decisión puede ser apelada por las partes ante la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior.
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