La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su Gobierno realizó entre 2015 y 2017 un plan "de limpieza social".

"Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", dijo Ortega a su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional, en La Haya.

La exfiscal dijo que entre las pruebas entregadas hay "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas" a víctimas, añadió en su comparecencia ante un grupo de medios internacionales.

Ortega explicó que ha cedido a la Fiscalía de la CPI "más de 1.000 elementos probatorios”.

El número de muertos entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas y las detenciones arbitrarias a las 17.000, según dijo en una declaración en la que no aceptó preguntas.

"Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", dijo Ortega, que fue fiscal de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017.

Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

"Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela", dijo Ortega, a lo que añadió que también ha pedido a la corte "órdenes de capturas internacionales" contra los denunciados.

Almagro cree que la denuncia fortalece proceso en la OEA

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que la decisión de la exfiscal de denunciar al Gobierno de su país fortalece el proceso en la OEA.

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Almagro consideró que se trata de una información "relevante" que, desde el punto de vista jurídico, "fortalece el proceso" de audiencias que él ha impulsado en la OEA para dirimir si hay base suficiente para llevar a los dirigentes chavistas ante la CPI.

"Será de extrema utilidad para los expertos" de la OEA, opinó el excanciller uruguayo, quien destacó que el paso dado por Ortega es "muy importante", especialmente por la posición que ocupó en las instituciones venezolanas.

Almagro subrayó que apoya la decisión de la exfiscal e indicó que servirá para consolidar el proceso de la OEA, donde se celebra la tercera y última ronda de audiencias antes del informe final.

"Se dice que a los dictadores los va a juzgar la historia, pero antes este pueblo venezolano de hoy tiene que exigirles sus responsabilidades como lo está haciendo y tiene que hacerlas efectivas", dijo Almagro parafraseando al fallecido político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate.

El secretario general de la OEA hizo estas declaraciones tras la entrega del premio Robert F. Kennedy de derechos humanos, concedido este año al abogado y activista venezolano Alfredo Romero por su trabajo al frente de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV).

En su discurso en el evento, Almagro denunció las violaciones de derechos humanos en Venezuela y afirmó que es imposible alegrarse por la liberación de un preso político en el país sin preguntarse por quién habrá sido detenido en su lugar.

La OEA acoge este viernes la tercera y última roda de audiencias antes del informe final que determinará si hay base para denunciar a los dirigentes chavistas ante la CPI.

Un panel de expertos, encargados de hacer las preguntas en las audiencias, elaborará sus recomendaciones, es decir, si consideran que hay base para denunciar al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes contra la humanidad en La Haya.

Los tres expertos que conforman el panel son el exministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el costarricense Manuel Ventura Robles, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La OEA no puede enviar un caso al tribunal de La Haya como institución, pero sí cualquiera de los veintiocho Estados miembros del organismo que son parte también del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Si ningún país diera ese paso, y hasta ahora ninguno ha mostrado voluntad de hacerlo, Almagro podría enviar la información él mismo, como ya han hecho senadores de Colombia, Chile, Perú y Argentina; hoy mismo, Ortega Díaz.