El interés del gobierno por imponer el programa Ser pilo paga se confirma en que el Departamento Nacional de Planeación haya delegado su evaluación a la Universidad de los Andes, el claustro donde nació y que es su primer beneficiario por desembolsos, que no por cantidad de alumnos del programa matriculados. El estudio concluye, según resultado reseñado este fin de semana por El Tiempo, que se necesitan la continuidad y afianzamiento de la iniciativa, por lo que recomienda convertirlo en política pública. 

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El análisis a las conclusiones de este trabajo se hace sobre base insuficiente, dado que la información publicada, que tiene como fuente principal a la Universidad de los Andes, no aclara cuál es la base de datos utilizada para llegar a conclusiones sobre inclusión y equidad. Ella tampoco aclara cuál fue la metodología que permite avalar en forma contundente el programa implementado por la exministra Gina Parody en el primer semestre de 2015, o sea hace apenas cinco semestres.

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El programa ha abierto las puertas a 31.000 bachilleres pobres, el 82% de los cuales ha entrado a las universidades privadas que han recibido acreditación del Ministerio de Educación. Dados los altos estándares, logros y reconocimientos de las comunidades académicas del mundo a la universidad privada, el alto porcentaje de alumnos que prefieren el grupo de instituciones privadas exige a las universidades públicas preguntarse si están fallando en su “posicionamiento”, y por qué ocurre esto. Pero también exige retomar y discutir con máxima seriedad el análisis del rector de la Universidad del Valle sobre las dificultades de los Pilos para superar la mayor exigencia de las universidades estatales acreditadas a la hora de hacer el ingreso.

El estudio informa que en sus cinco semestres de aplicación este programa ha exigido inversiones cercanas al medio billón de pesos que han salido de recursos que de otra manera se habrían destinado a la universidad pública, también explica que no hay claridad sobre cómo se hará su financiación futura. Esa indefinición, cuando el Estado busca recortar gastos a todo costo, genera el riesgo de una imposición de fortalecer la concesión de privilegios a alumnos y universidades, como lo hace Ser pilo paga, así para ello se sacrifique el sistema de universidades estatales. La alternativa impondría un costo impagable a la sociedad que durante más de 200 años ha logrado construirlas como pilares de docencia de alta calidad, formación de identidad cultural con sentido del bien público y creación de conocimiento como patrimonio común de los colombianos. Ese es un precio demasiado alto. 

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