La Ley de Garantías que genera una serie de restricciones a los servidores públicos entrará en vigencia a partir de este sábado 11 de noviembre, la cual tiene la potestad de prohibir convenios y contratos interadministrativos y desde el 27 de enero de 2018 no se permitirá la contratación directa.

Cabe recordar que esta normativa está pensada para evitar que los recursos públicos se usen para favorecer aspiraciones electorales. El 11 de marzo del próximo año están programadas las elecciones del Congreso de la República y las presidenciales serán el 27 de mayo.

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"La entrada en vigencia (de la ley) inicia cuatro meses antes de las elecciones del Congreso y va hasta que el presidente sea elegido, es clave que las entidades públicas tengan en cuenta las fechas y restricciones para que los recursos del Estado se ejecuten de manera eficaz”, indicó Juan David Duque, director de Colombia Compra Eficiente (CCE), agencia nacional de contratación pública.

¿Qué se prohíbe en los convenios interadministrativos?

Según la CCE, desde el próximo sábado y hasta la fecha en la cual el presidente sea elegido no está permitido a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales del orden municipal, departamental y distrital, celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección.

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¿Y en los contratos directos?

A partir del 27 de enero de 2018 y hasta la fecha en que se elija al primer mandatario, no está permitido a los entes del Estado, sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía, celebrar contratos en la modalidad de contratación directa.