El inveterado santanderismo de este país parece no tener límites; todo lo hacemos pensando que dictar una norma, así sea la más absurda, acaba con un problema determinado. El Congreso dicta normas, leyes y actos legislativos, y ya, con eso le cumple al país. Luego los organismos de control, de investigación y juzgamiento se las pasan por el bigote, para emplear un vulgarismo, discriminando entre buenos y malos de acuerdo con el personalísimo parecer de sus funcionarios. La legislación es muy importante para una nación. La norma jurídica es en últimas lo que define el patrón de convivencia de los pueblos.

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El exalcalde Gómez Martínez toca el importante tema de la posición de personajes de la vida pública y social de Colombia que se niegan a aspirar a cargos y dignidades del Estado. Él mismo hizo parte de una constituyente que le cambió la cara al país de manera imperceptible. Una de las novedades de la nueva Constitución fue dejarnos en manos de la ineptitud rampante de nuestros congresistas que ni siquiera conocen el país y su andamiaje jurídico. Otro bodrio es la proliferación de cortes de justicia que no ha traído sino la desgracia de los llamados choques de trenes, que no es sino la competencia de egos y soberbias.

Si en el Congreso de la República hubiera mentes medianamente enteradas de la realidad nacional, sabrían que detrás del Ordenamiento está el Derecho, como elemento cohesionador e inspirador de todas las normas que se expidan. Que todas ellas, las normas, tendrían que estar atadas idealmente a las aspiraciones colectivas del pueblo, normalmente recogidas en los principios y fundamentos de la Constitución. Pareciera que en el Capitolio nadie, ni parlamentarios, ni asesores, ha leído el preámbulo de nuestra Carta, en el que se exponen los atributos del Estado, situados por encima de la misma Constitución.

Consagrar una pena de cadena perpetua para cualquier delito, parece poco viable para Colombia y es una medida hipócrita, cuando el Estado mismo con su hacer institucional genera malestar para los menores y sus familias. Si fuéramos consecuentes estaríamos creando el abandono familiar como causal de mala conducta para funcionarios y dignatarios del país. La negación de nombre y alimentos es la verdadera causa de fenómenos como la prostitución y violación de menores. No habría autoridad moral para condenar a un violador, que a lo mejor viene de ser violado, por alguien que ha vulnerado los derechos de un menor.

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El doctor Gómez tiene razón, este país está funcionando a medias: las envidias y las malas leches pueden más que el servicio a la comunidad. Habría que hacer una reingeniería institucional, pero como están las cosas, a lo mejor los mismos malos de ahora empeorarían el panorama. Por lo pronto hay que seguir insistiendo, hasta que alguien oiga, en que el futuro está en nuestras propias manos y conciencias. Hay que erradicar las prácticas mafiosas del hacer oficial. En Medellín logramos superar la maldad de ciertos prospectos, aunque ellos mismos, sin el menor recato, han desatado la guerra contra los elegidos.