“Una Constitución es un pacto de paz”. Norberto Bobbio. Nunca serán justas las normas sastre, las que son hechas a la medida de los intereses partidistas y los intereses particulares de quienes las promueven o las deben aprobar. 

Las reformas serias deben preocuparse por su sostenibilidad, integralidad, respeto, coherencia, profesionalismo y profundidad, que sean un avance, no un retroceso ni un desgaste inocuo alimentado por la vanidad de demostrar poder o simular un espíritu transformador que no existe y menos de un agónico gobierno, desacreditado, sin legitimidad ni representación ciudadana, suena más bien a una trampa, a un acto sospechoso de cambiar las reglas de juego para favorecer sus intereses y el control abusivo del poder al que nos negamos a acostumbramos los que abogamos públicamente por un cambio de gobierno.

Esta semana el país acudió expectante al inicio de una nueva reforma a la Constitución Política, se anunció como una reforma contra la corrupción de un gobierno al que le han probado la violación de topes electorales en sus dos elecciones presidenciales sin contar los abusos de poder para el plebiscito que derrotaron los colombianos en las urnas por activa y por pasiva, además que esta denominada reforma conserva los elementos esenciales que han enquistado la gran corrupción, el presidencialismo extremo, el recentralismo, la falta de controles de pesos y contrapesos, la falta de legitimidad, la frivolidad democrática, la ausencia de instituciones de control independientes y la ausencia de mecanismos de justicia eficaz y eficiente que garanticen la no impunidad de los corruptos que la promueven.

No puede el país seguir soportando ajustes improvisados a la Carta Magna, más de 60 modificaciones al texto constitucional lo han desdibujado, carecemos de seguridad jurídica, de prevalencia del interés general, de instituciones serias, fuertes y funcionales, preocupa la mala redacción e irrelevancia de las modificaciones propuestas, son planteamientos para que todo cambie pero que todo siga igual.

El malestar contra la reforma es generalizado, porque se mezclan asuntos propios de las comisiones económicas, con temas electorales y políticos, asuntos tan disímiles que no es serio vincularlos en una misma propuesta de reforma, y es menos serio que los responsables de su presentación, tramite y aprobación, sean nada más y nada menos que el ministro Cristo, un precandidato liberal cuyo hermano es senador, y de una u otra forma tiene plenos intereses personales en los ajustes que propone, mal mensaje para cualquier democracia respetable.

Los temas gruesos de la reforma no generan descentralización, no restringen el presidencialismo asfixiante, todos poderoso y omnipresente, no acercan las instituciones al ciudadano, y que, en últimas, no resuelven los problemas medulares del país. 

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El poder es fruto del ejercicio electoral que posibilita el inicio de operación de las instituciones, de allí que reformar la política debe entenderse como la manera en que se transforma y reformar el ejercicio electoral, debe ser comprendida como la acción de mejorar el procedimiento y reglas que permiten el acceso al poder. Son modificaciones interdependientes, con relaciones intrínsecas y reciprocas, que exigen un alto nivel de debate con miras a la estabilidad y la profundización de la democracia, exigen un grado de lucidez y de responsabilidad que no existe cuando se está adportas de una campaña electoral en curso, que tiene un calendario electoral anunciado, la premura nubla el buen juicio de los congresistas, un debate de calidad necesita que estén reposados, serenos, sin la inmediatez de hacer todo para garantizar su elección y permanencia hegemónica. 

Se incluyen las listas cerradas, un canto a la bandera rechazado por todos los partidos, se incluye la reforma al Consejo Nacional Electoral cambiando a un Consejo Electoral Colombiano, que no da garantías de imparcialidad, al contrario, es una nueva semilla de presidencialismo extremo con una tercera parte de sus miembros designados por el Presidente, hoy son los congresistas quienes los eligen completamente.

Quedaron por fuera asuntos vitales de la política como la unificación de criterios, tiempos y reglas en el régimen de inhabilidades, en la perdida de investidura, entre otros aspectos como las garantías para los movimientos internos de los partidos que representan matices o sectores políticos que obran como vertientes de un mismo tronco que es el partido como máxima representación de unidad en la diversidad y pluralismo democrático.

Queda el mensaje que es al Congreso de la Republica y no al presidente, al que le calificaron altos niveles de corrupción en la contratación estatal nacional a niveles de más del 93%, o como si fuera el congreso y no el presidente quienes fueron financiados delictivamente violándose todas las prohibiciones legales, con anuncios de coimas a cambio de contratos, encuestas pagas como fachada de aportes electorales, dineros de extranjeros, sobrecostos en vías entre otros escándalos como el de Odebecht ampliamente conocido como una vergüenza nacional.