Ni siquiera en su lema es veraz el gobierno, porque “todos” no estamos con el nuevo país que están montando. Arropada en una paz fementida, Colombia dejó de tener Constitución, y, por ende, ha desaparecido la tridivisión clásica del poder, sobre la cual se edificó nuestra democracia, garante de las libertades políticas, religiosas y empresariales, que fatalmente tienen que desaparecer para que surja el nuevo país de Timo y Santos…

Con una nueva política (esa sí nueva), una camarilla comunista, clandestina y omnipotente, con pasmosa celeridad determina la acción concertada de los tres poderes del Estado y del cuarto, el mediático, para el sometimiento de Colombia a sus inapelables e inmodificables dictados.

Ahora bien, los demócratas están respondiendo a esa nueva praxis como si el ordenamiento colombiano, de confrontación entre partidos obedientes a un orden constitucional en el que la mayoría respeta a la minoría, siguiera vigente. 

Al raponazo del plebiscito ha sucedido el golpe de Estado permanente. El gobierno de transición avanza, vía fast track, con su agenda. Ayer, la amnistía indiscriminada. Luego, la jurisdicción especial para la persecución. Ahora, la supremacía e intangibilidad del “acuerdo final” sobre la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Mañana, la reforma electoral y el voto electrónico, para asegurar en 2018 la consolidación definitiva de la revolución colombiana. Cuando lleguen las elecciones, ya todo el andamiaje jurídico habrá cambiado, en un “nuevo país” desarticulado, parcelado, narcotizado y narcotraficante.

La implacable determinación de la extrema izquierda leninista del eje Timo-Santos se aglutinará detrás de un candidato único, el sinuoso y taimado Humberto de la Calle. Ellos sí saben para dónde van, con todos los recursos mediáticos, presupuestales, de maquinaria, con sus 310 páginas de hoja de ruta y la sumisión que asegura la mermelada militar.

En cambio, las fuerzas democráticas siguen divididas, distraídas en acres enfrentamientos personales y en vacuas candidaturas presidenciales prematuras, que se ocupan en derrotistas y deplorables disquisiciones sobre lo admisible y lo reformable del famoso “acuerdo final”.

La unidad de las fuerzas democráticas es urgente. Afortunadamente ya empieza a ser reclamada por las voces más sensatas dentro del Centro Democrático y las bases conservadoras. Esta unidad debe extenderse hasta comprender los movimientos evangélicos y los católicos escandalizados por falsos pastores y clérigos de la teología de la liberación.

Con unidad y determinación, dentro de un monolítico frente republicano, las elecciones de 2018, última oportunidad para la libertad, podrían ganarse en primera vuelta, porque si hay segunda, es predecible el resultado favorable para la subversión.

Nunca antes las elecciones han representado tanto, porque serán entre democracia y revolución, entre libertad y opresión, entre civilización y barbarie.

La dispersión de las izquierdas es transitoria y engañosa. La aparente fortaleza electoral de los tres chiflados —Petro, Claudia y Fajardo— es un colofón grotesco de la desorientación actual, que se disolverá ante la candidatura del jefe entregador. Pero si persistiesen las divisiones en la izquierda, en último caso la prórroga de Santos, congreso, gobernaciones y alcaldías se abriría paso, porque ellos no están dispuestos a soltar este enorme y rico país.

Entretanto, la movilización del 1° de abril tiene que ser multitudinaria y marcar el inicio de una Realpolitik que deje atrás juegos inanes propios del pasado, incapaces de preservar la libertad y la democracia.

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¿Hasta dónde avanza la censura? Al doctor Román Castaño Ochoa, miembro fundador del Colegio Antioqueño de Abogados, se le ha impedido expresar su opinión sobre la JEP en el programa radial de esa asociación, lo que indica hasta qué punto ha descendido esa profesión y hasta dónde está llegando la censura, sigilosa y ubicua, que se extiendo por el país. Hizo bien el doctor Castaño Ochoa renunciando a ese Colegio.