A las 3 de la tarde de este lunes 29 de octubre, la plenaria del Concejo de Medellín dará el segundo y definitivo debate al proyecto de Acuerdo 150 de 2018, por el cual se autorizaría a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a enajenar algunos de sus activos, entre ellos sus acciones en ISA, para ayudar a la entidad a obtener la liquidez que necesita para enfrentar la contingencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango.

Desde que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó el proyecto de Acuerdo y citó a sesiones extraordinarias al Concejo en septiembre para la socialización del mismo, el debate no se ha centrado únicamente en la conveniencia o no de enajenar las acciones de EPM en ISA –que es el plato fuerte del paquete de desinversiones- sino que ha sido la oportunidad para que salgan a la luz otros asuntos que podrían estar amenazando la sostenibilidad de la entidad a juicio de algunos cabildantes.

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Así pues, el monto de las transferencias al municipio, la potestad o no del Concejo para autorizar la venta de los activos en el exterior, el endeudamiento de la entidad que para algunos está sobre los topes debidos, la viabilidad técnica y financiera de Hidroituango y el manejo de varias de las inversiones de EPM, específicamente en Chile, México y Panamá, han alimentado los debates dentro y fuera del recinto de la democracia municipal.

A este segundo debate, EPM y la Administración Municipal llegan con la ventaja de haber obtenido la aprobación del proyecto de Acuerdo por unanimidad (siete votos) en la Comisión Primera, en debate celebrado el sábado anterior.

Y aunque todo apunta a que el proyecto de Acuerdo será aprobado, para algunos concejales la situación de la empresa y del proyecto hidroeléctrico seguirá dando mucho de qué hablar en los meses por venir.

Preguntas sin respuesta

A juicio de la concejal Luz María Múnera, del partido Polo Democrático, fue la crisis de Hidroituango la que puso sobre la mesa la situación interna de EPM.

“El Concejo de Medellín y la ciudad saben que tenemos una empresa ilíquida, en palabras del gerente, por Hidroituango”, afirma y añade que tras la casi segura aprobación del Acuerdo 150 quedarán muchas cuestiones pendientes, como por ejemplo cuánto va a costar finalmente el proyecto.

“Nadie lo sabe, ni el gerente ni nadie. O ya lo saben y no nos quieren decir”, afirma y plantea que hay un debate de fondo que se debe dar y es qué se va a salvar entre Hidroituango y EPM.

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“Que Hidroituango sea inviable o que financieramente sea tan costoso que no tengamos cómo recuperar la plata; esos dos escenarios están ahí. Puede que nos digan que recuperar el proyecto cuesta un dinero que lo haga inviable financieramente. O que si lo recuperamos quedaría más golpeada la empresa. Me pregunto si la arrogancia antioqueña se va a poner por encima de la importancia de EPM para su propia viabilidad y la del municipio”, expresó en diálogo con EL MUNDO.

Frente a la posibilidad de que el proyecto finalmente sea inviable, la concejal Múnera explicó que el Concejo, al aprobar el Acuerdo 150, estaría prevaricando “porque se habría aprobado la venta de activos por una razón que ya no existe”.

“Nos dijeron que en noviembre se sabría el estado del proyecto, después que en febrero, y de aquí a febrero los activos van a estar vendidos. Ya no hay nada qué hacer”, expresó.

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Con esta idea coincide la concejal del partido Centro Democrático, María Paulina Aguinaga Lezcano, quien aseveró que, ad portas de la aprobación de la enajenación de activos por parte de EPM “no hay certeza de que Hidroituango se salve y, si se salva, cuánto va a costar y cuándo estará lista”.

“Están contando, primero, con que el proyecto se salva; segundo, con que las aseguradoras responderán y no sabemos con cuánto van a responder; se vienen unas demandas y unas reclamaciones por parte de las comunidades aguas abajo del proyecto, de la Gobernación, de la Creg por no tener la energía en firme y de ISA por las líneas de transmisión que se construyeron y no se usarían”, enumeró en diálogo con EL MUNDO.

Y añadió: “puede tener viabilidad técnica pero otra cosa es  que tenga viabilidad financiera, como pasó con Bonyic (proyecto de generación en Panamá), que técnicamente fue viable a un costo de 314 millones de dólares, un valor que nunca se va a recuperar”.

Deudas actuales y futuras

Un elemento nuevo en el debate fue la autorización que el ministerio de Hacienda aprobó a EPM para endeudarse hasta 2.000 millones de dólares.

“Nosotros ya no sabemos, con los empréstitos y las ventas de activos, realmente detrás de qué va EPM. Usted mira las grabaciones de las conversaciones que hemos tenido con EPM desde que empezó a hablarse del proyecto de Acuerdo 150 y se da cuenta de que hay una contradicción tras otra contradicción todo el tiempo”, asegura la concejal Luz María Múnera, para quien “en el momento en que ellos nos reconocen que el problema es de liquidez, ahí nos perdemos y no sabemos cuánta plata realmente necesitan para pagar bonos, para pagar deuda y para la crisis”.

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Sobre el cupo de crédito, Múnera reclama que “no pueden estarle diciendo al Concejo de Medellín ni a la ciudad que hay que vender activos porque no podemos endeudar más la empresa, porque estamos en el límite del endeudamiento, y cuando menos se piensa sacan un conejo de un sombrero y es que el ministerio de Hacienda aprueba un cupo de endeudamiento de seis billones de pesos”.

Al respecto, la concejal María Paulina Aguinaga Lezcano también llamó la atención en el hecho de que durante todo el proceso de socialización “en ningún momento se dijo que se estaba  tramitando ese cupo de endeudamiento”.

“Siempre el argumento para vender los activos era que EPM no podía endeudarse más  porque ya tenía el indicador deuda/ebitda en el límite, entonces si hace esa gestión ante el ministerio es porque lo piensa utilizar. Me pareció una falta de transparencia por parte del gerente y sus funcionarios”, aseveró.

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Mientras la concejal Múnera señala que de usarse el nuevo cupo de deuda, esta pasaría de $18,5 billones (ver  gráfico) a $24.5 billones, lo que podría agravar la situación financiera, la concejal Aguinaga cree lo que hay detrás de esto es que los activos de Chile no se van a vender.

“Ese es un distractor para poder salir a vender ISA; porque ellos allá, para poder hacer cualquier transacción, tienen que pedir autorización a las autoridades, y no han radicado ni están tramitando ningún permiso”, le dijo a EL MUNDO y añadió que la crisis de Hidroituango ha sido usada intencionalmente por EPM “para tapar las malas decisiones que ha venido tomando la empresa en los últimos años, especialmente las decisiones que tienen que ver con las inversiones en el exterior”.

Alejandro Jaramillo, vicepresidente de crecimiento de EPM, sale al paso de esta afirmación y señala que los trámites para vender en Chile son básicamente dos: desde el punto de vista societario, EPM Chile ya autorizó el trámite, y ante los entes reguladores, los pasos se dan cuando se conozca al comprador.

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“Conociendo quién es el interesado, tenemos que ir ante la autoridad de competencia para pedir la autorización; ellos revisarán si tiene otras inversiones en el sector, si puede comprar o no, porque ese es un servicio regulado. Y la otra autorización es de Econsa, que es la que gestiona las concesiones del Estado, esa entidad autoriza en la medida en que el que llegue sea alguien que les de tranquilidad, que tenga las calidades para prestar un buen servicio”, le explicó a EL MUNDO.

No tenemos un nuevo crédito: EPM

Respecto a la aprobación del MinHacienda, el director de gestión de capitales de EPM, Juan Carlos Sampedro, le dijo a EL MUNDO que “EPM ha buscado tener autorizaciones vigentes hasta donde sea posible para que en el momento en que vayamos a hacer una operación de crédito la podamos hacer de manera oportuna”.

Según el funcionario, una operación de crédito en el sector público puede tomar hasta un año desde que se concibe hasta que se ejecuta y dijo enfáticamente que “con esto no tenemos ninguna deuda ni ningún cupo”.

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Juan Carlos Sampedro admitió que la gestión ante el ministerio de Hacienda inició en mayo y que sí tuvo que ver con la crisis de Hidroituango en el sentido de que “estamos buscando flexibilidad en el endeudamiento”.

“Estas resoluciones tiene usos aprobados exclusivos, tenemos otros abiertos que no se han usado o se han usado parcialmente. Una empresa privada no necesita esto, pero nosotros, para poder pensar en una solicitud, tenemos que pensar en esto”, explicó.

A su vez, el vicepresidente de crecimiento de EPM, Alejandro Jaramillo, expuso que tales cupos se pueden usar para reemplazar deudas que se vencen.

“Uno puede tomar deuda para pagar una que se vence y al final no aumenta el endeudamiento”, señaló.

Sin provisión para multas

Respecto a la reclamación formalmente entregada por la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango la semana anterior, mediante la cual hacía efectiva una cláusula penal de apremio por valor de 14.400 millones de pesos por el incumplimiento del Hito 7 del proyecto, la concejal Luz María Múnera, quien tuvo acceso al contrato Boomt tras  un largo proceso judicial, opinó que los reclamos del gobernador Luis Pérez “están fundados”.

Sin embargo, Juan Carlos Castro Padilla, gerente de planeación financiera de EPM, le dijo a EL MUNDO que “el contrato tiene unas cláusulas excluyentes hacia el contratista y estamos mirando si lo que pasó allí hace parte de esas exclusiones”. Aclaró que de no haber acuerdo entre EPM y la Sociedad, un tribunal de arbitramento entraría a dirimir quién tiene la razón.

Sin embargo, Castro Padilla explicó que las multas solamente se harían efectivas si el Hito 9 se incumple. Este hito, según la Sociedad Hidroituango, consiste en la “entrada en operación comercial de la unidad 1”, previsto para el 24 de junio de 2019.

“Es como si tengo tres días para  llegar a Antioquia y me trazan unas metas por día, puede que los dos primeros días no las cumpla, pero si el tercer día llego a Antioquia, cumplí. El contrato establece que si llegamos al Hito 9 no hay lugar a multas”, dijo Castro.

El gerente de la Sociedad Hidroituango, Gustavo Jiménez, en declaraciones a medios nacionales, coincidió con esta explicación. “No tiene lógica, pero supongamos que se pusiera en funcionamiento la máquina 1 en agosto, es decir, que se arreglara el problema de la casa de máquinas, etc. En este caso, como se cumple el Hito 9, se borrarían las anteriores” multas, según una entrevista publicada por el diario El Espectador.

“No podemos decir hoy que eso no va a pasar. Hay que esperar hasta el final. Después de ese momento podrán reclamar”, reitero Castro Padilla.

El gerente de planeación financiera de EPM explicó que tampoco es necesariamente cierto que tales multas se pagarán por caja, pues “si se materializa la cláusula penal, el contratista podrá determinar si el pago se hace  por un menor valor del activo que va a remunerar, eso se traduce en que se puede restar de la inversión y en 50 años eso queda diluido y nosotros no tenemos que sacar plata de la caja ahora”.

Por esta razón, puntualizó, ese dinero no está previsto en los flujos de caja y “no lo va a estar”.

En términos generales, los directivos financieros de EPM desestiman los cuestionamientos de algunos concejales de la ciudad a la deuda de la empresa y señalan que “tenemos un portafolio de inversiones que nos genera tranquilidad, con una rentabilidad buena para el grupo EPM y que como todo portafolio, algunas están por encima y otras por debajo de las expectativas”.

“Hay que mirar el portafolio, no una por una las inversiones como nos las miran en el Concejo, sino en conjunto”, finalizó el gerente de planeación financiera, Juan Carlos Castro Padilla.