El paro armado que el Eln impuso en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Cesar, Nariño y Norte de Santander, principalmente, dejó la muerte heroica del soldado profesional John Jairo Delgado, de 29 años, al evitar la activación de una carga de explosivos en el puente Pescado, entre Valdivia y Tarazá, así como del también soldado profesional Didier Giovanny Cobo, en una operación antinarcóticos en el Norte de Santander. También dejó otros 19 ataques efectivos con enormes costos para la población, la economía, la infraestructura y la industria petrolera. La asonada contra Ecopetrol en el Meta deja, además, la sospecha de reedición de nexos de sectores sindicales con ese grupo armado.

En su respuesta a una confrontación que el Eln había anunciado con bombos y platillos, buscando así garantizarse que atemorizaría a la población y, consecuentemente, detendría la actividad económica, el Ejército anuncia haber contenido doce ataques más que habrían causado mayores daños en las regiones afectadas. Por su parte, la Fiscalía dictó orden de captura contra cinco miembros del Coce y otros 19 miembros de ese grupo, por los crímenes cometidos durante el paro. El ministro del Interior, por su parte, les reclama “coherencia”, para así poder reabrir la negociación en Quito.

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El agresivo paro ha develado el crecimiento del Eln en zonas donde habían sido fuertes las Farc y otras organizaciones criminales, así como el ensoberbecimiento producto de las graciosas concesiones del Gobierno, entre ellas la reducción de operatividad, para algunos casi desmovilización, de la Fuerza Pública y su aval a las actividades de la comisión oficiosa Leyva-Cepeda, dupla cuya intromisión en el proceso de negociación propició la renuncia del negociador Juan Camilo Restrepo.

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El lanzamiento del guante de la confrontación que el Eln le ha hecho al Estado se ha encontrado con la tibia postura del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien, más que condenar hechos como el asesinato de soldados que defendían al país, clama por el fin de las hostilidades a fin de facilitar el retorno a la mesa de negociación. Este ruego incoherente con la realidad, que incluye mantener los canales oficiales, liderado por Gustavo Bell, y el oficioso de la comisión mencionada, desprecia las barreras de la falta de tiempo y legitimidad del gobierno del doctor Santos para mantener y sacar a flote un acuerdo respetuoso de lo institucional, los derechos humanos y la democracia.