Colombia ha tenido progresos en temas de normatividad laboral, contratación de nuevos inspectores por parte del Ministerio del Trabajo, voluntad para imponer controles a la subcontratación ilegal, priorización de las investigaciones de crímenes contra líderes sindicales por parte de la Fiscalía General de la Nación y sobre el uso ilegal de pactos colectivos, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, con la validación del Departamento de Estado y la Oficina Comercial.

Esto se dio a través de un informe, en respuesta a una reclamación hecha por parte de organizaciones sindicales de Colombia y una de Estados Unidos, en mayo pasado por presuntos incumplimientos de este país en la aplicación del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Al respecto, la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, expresó que “nuestro Gobierno continuará trabajando conjuntamente con el de Estados Unidos para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores colombianos y en la implementación de las recomendaciones realizadas”.

Carlos Julio Díaz Lotero, director ejecutivo de la Escuela Nacional Sindical (ENS), reconoció que el Ministerio del Trabajo ha tenido avances como el aumento en la cantidad de inspectores y la ley que prohíbe el uso ilegal de las cooperativas de trabajo asociado para hacer intermediación laboral. Sin embargo, a pesar de las sanciones que ya han tenido algunas empresas, aún queda mucho por hacer y de igual forma, agregó el director que la cartera del Trabajo debe reforzar la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control para garantizar la no violación de los derechos en los recintos laborales.

Por lo que se evidencia que queda arduo camino y grandes desafíos para la reducción de “los pactos colectivos, la subcontratación ilegal, la contratación laboral, la tercerización ilegal, la violencia e impunidad, entre otros”, indicó Díaz Lotero.

En contraste, López Obregón aseveró que una de sus prioridades al frente de la cartera Laboral ha sido reforzar la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control y que seguirá aunando esfuerzos con el Gobierno estadounidense con el fin de lograr mejoras en la protección de los derechos laborales en el país.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer los resultados luego de una investigación de 180 días y de realizar un examen sobre la situación.

No obstante, Díaz Lotero manifestó que en el fondo a pesar de los avances que se reconocen, todavía falta para garantizar que “en Colombia existan unas garantías plenas al servicio de las libertades sindicales y de la no utilización de estrategias laborales que dificulten la labor de los trabajadores de afiliarse y negociar sindicalmente”.

Jorge Iván Díez Vélez, secretario general de la Confederación General de Trabajo (CGT), regional Antioquia, señaló: “Los grandes avances en temas laborales que indica el Gobierno no lo son. Continúa acentuándose en el país la tercerización legal e ilegal, las órdenes de prestación de servicios en el sector público y el empleo temporal, incluso en actividades de carácter misional”.
De igual forma, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos recomendó a Colombia continuar trabajando en temas como el sistema de inspección, la imposición y cobro de multas para aquellos empleadores que violan las leyes laborales, adoptar nuevas medidas eficaces para luchar contra la subcontratación abusiva de pactos colectivos y avanzar con las investigaciones relacionadas con casos de violencia y amenazas contra sindicalistas.

El Ministerio del Trabajo concluyó que conservará los lazos bilaterales apalancados por el Plan de Acción Laboral (PAL) y cooperará entre ambos gobiernos para lograr efectivos avances en la búsqueda constante para garantizar los respectivos derechos.

Preocupación en la CGT-Antioquia
El comité ejecutivo de la Federación Departamental del Trabajo -CGT Antioquia- rechazó el desmonte sistemático de cuatro esquemas de protección asignados por el Gobierno en cabeza de la Unidad Nacional de Protección a los dirigentes sindicales de la central obrera en esta región.

“El Gobierno dio instrucciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP), según palabras de Diego Mora, director de esta entidad, para efectuar el desmonte sistemático de esquemas de protección y seguridad. Colocando en riesgo la integridad física y la vida de quienes lideramos procesos en favor de los trabajadores y que somos víctimas de las amenazas reiteradas contra los dirigentes de esta organización”, sostuvo Jorge Iván Díaz Vélez, secretario general de la CGT Antioquia.

Por su parte, el presidente de la CGT en Antioquia, Rubén Darío Gómez Hurtado, aseguró que la razón que les dieron para quitarles la seguridad era que su nivel de riesgo no era tan elevado.