Colombia se prepara para conmemorar este lunes 9 de abril, el Día nacional de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado, a fin de recordar y reconocer a quienes han sufrido directamente las consecuencias del conflicto. Es esta una fecha propicia para revisar los compromisos adquiridos con ellas en la Ley de víctimas y en el acuerdo final con las Farc, en el cual supuestamente fueron el centro de la acción del Estado y de la negociación de paz.

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El Gobierno y el Congreso han anunciado que honrarán a las víctimas radicando este lunes 9, en sesión especial, el proyecto de ley que crea la Circunscripción especial para las víctimas, permitiéndoles elegir 16 representantes a la Cámara, según el acuerdo final. Se ha anunciado que en esta nueva versión se les garantiza que los aspirantes a esas curules sean postulados por las organizaciones de víctimas y que la votación para elegirlos será por víctimas, exclusivamente. Por la importancia de la representación política, que será inequitativa frente a la que tienen las Farc pues las víctimas no irán al Senado, acompañaremos a la ciudadanía en la vigilancia al trámite del proyecto con el rigor que lo hicimos en el trámite de la primera versión, que no pasó gracias a que se destaparon los mecanismos por los que favorecía a las Farc.

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La dignificación de las víctimas ocurre cuando ellas conocen la verdad, aquella sin las excusas y trapisondas de la que hasta ahora han pretendido ofrecer los farianos; acceden a la justicia, son reparadas -en muchos casos materialmente- y obtienen la garantía de que no volverán a ser amenazadas por sus victimarios o por otros criminales. El Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, les fue prometido como la instancia que garantiza esos pasos fundamentales y algo todavía lejano, así existan organismos, nombramientos, gastos y hasta enconadas discusiones públicas por su gestión administrativa.

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La Comisión de la verdad fue instalada y sus once integrantes han comenzado a reunirse con sectores preseleccionados de la sociedad; el decreto que la creó, sin embargo, exige que sus actuaciones sean privadas hasta tener los informes finales. A diferencia de esta, la JEP, algunos de cuyos miembros han resultado bastante elocuentes, ha sido instalada sin tener marco jurídico que le permita actuar, pues aún no se ha divulgado la sentencia 674 de 2017, sobre el acto legislativo que la creó; ni la Corte se ha pronunciado sobre la ley estatutaria que la reglamenta. Además, el Gobierno sigue sin presentar, ni reglamentar, el proyecto de ley que define su funcionamiento, el cual recibió en la segunda semana de marzo; por estas condiciones, diez miembros de las Farc que deberían ser juzgados en esa instancia, se posesionarán como congresistas sin atender sus obligaciones con la justicia. La Unidad de búsqueda de personas desaparecidas, otro componente esperado por las víctimas podría operar a partir de julio, según ha dicho su directora ya posicionada. Aunque es la columna cuya formación demostraría que las víctimas sí están en el centro, este sistema está aún lejos de ser instalado y operar.

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Se ha acordado que la reparación de las víctimas sea responsabilidad compartida por los victimarios, aunque las Farc siguen en deuda con la declaración y entrega de sus bienes, y del Estado, que se ha quedado corto en la atención de los complejos procesos de restitución de tierras y en la reparación material de las víctimas que han buscado esa protección como punto de partida para su recuperación. El mayor déficit en la atención y reparación a las víctimas es el que ocurre al no acompañarlas y apoyarlas a restituir sus individualidades y a empoderarse como ciudadanos sujetos de derechos y miembros de organizaciones, fortalecidas, que se vinculan a la sociedad participante. Este enfoque, explícito en la Ley de Víctimas y el acuerdo final, ha estado ausente en la acción de la Unidad de Víctimas y ha sido torpedeado por la arrogancia de los victimarios.

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La promesa de no repetición hecha a la sociedad, y en particular a las víctimas, se está incumpliendo por el fortalecimiento del Eln, grupo que ha acogido a una importante cantidad de exfarianos; la organización de las disidencias y los ataques de bandas criminales, hechos facilitados por la dejación incompleta de armas y caletas; la no entrega de rutas del narcotráfico, y el desentendimiento de los jefes farianos de sus responsabilidades con los desmovilizados, hechos que agravan el pobre balance que Gobierno y Farc entregan hoy a las víctimas.

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