Las decisiones y actuaciones del Gobierno y las Farc en las 130 jornadas posteriores al Día D -inicio de desmovilización y desarme del grupo ilegal- indican que en lo que atañe a protección de las víctimas, y restitución de sus derechos, la implementación ha precarizado el limitado capítulo 5, titulado ?Víctimas?, del segundo acuerdo para poner fin al conflicto.

El 28 de marzo pasado, las Farc convocaron un acto privado con la pretensión de pedir perdón a un grupo de víctimas del atentado al club El Nogal. El acto repite el cumplido en Bojayá y reitera el formato de los encuentros en La Habana, donde las víctimas fueron exigidas a perdonar y reconciliarse, pues de lo contrario serían sumadas a la categoría ?odiadores?, estigma impuesto a ciudadanos que no renuncian a exigir reconocimiento y equidad en el resarcimiento de los derechos conculcados. El encuentro de El Nogal minimiza el impacto del ataque terrorista que ofreció réditos a las Farc gracias a la amplificación mediática, que la presentó con capacidad para amenazar la capital del país, así como por la notoriedad del lugar afectado, que amplificó la imagen de su capacidad militar. Más que de aceptación de verdad, estos son actos para humillar a las víctimas y al país.

En las restantes obligaciones de la justicia transicional, tampoco hay reconocimiento o respeto por las víctimas.

En lo atinente a la justicia, se hace gran divulgación de las 52 amnistías concedidas por la Fiscalía y se anuncian presentaciones masivas ante la Secretaría de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto contrasta con el silencio sobre la recolección de procesos ya ejecutoriados o la configuración de causas que representen los derechos de las víctimas, en especial de los afectados por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados o determinados por los máximos responsables de las Farc. El desinterés del Estado para encausar a quienes victimizaron a los ciudadanos es particularmente notorio cuando se le contrasta con las instrucciones que, según medios como Caracol Radio, habría recibido el abogado Enrique Santiago para que en la defensa de los farianos se enfoque en presentar contextos que excusen, o reduzcan, su culpa en la barbarie.

La incertidumbre documentada (ver contraportada) sobre el compromiso de las Farc y el uso de sus bienes para la reparación presagia que también en lo que atañe al resarcimiento de los derechos materiales, las víctimas sufrirán el aplazamiento de sus derechos. Que es lo que ocurre en el componente de no repetición. Las víctimas de secuestro, reclutamiento forzoso, desaparición forzada, extorsión, entre crímenes de lesa humanidad que las Farc siguen perpetrando mientras que se mantengan secuestrados, reclutados o desaparecidos, esperan el regreso de los suyos, el fin del cobro de vacunas o información sobre sus muertos. Aquellas víctimas que persisten en reclamar, sufren revictimización. Esta ocurrió por ejemplo con la huilense Ximena Ochoa Sánchez -que estuvo en las rondas de La Habana- y cuyo hermano Luis Gerardo, fue asesinado la semana pasada. En otros hechos, las víctimas empoderadas, como deberían estarlo todos los ciudadanos que sufren deprivación de sus derechos, se enfrentan a la estigmatización, la humillación y a persecuciones tan pueriles, como ofensivas, como la que les hizo la Unidad de Víctimas al negarles apoyo para participar en la asamblea anual de su Federación, como denunciaron voceros de Fevcol.

Hace 52 años, campesinos asesorados por el Partido Comunista escogieron asociarse en un grupo en armas que se proclamó defensor de los derechos conculcados a los campesinos colombianos. En noviembre pasado, esa guerrilla y el Estado colombiano acordaron poner fin al conflicto armado a través de un compromiso que garantiza derechos y ofrece privilegios a los herederos de ese alzamiento. En el acuerdo, el Estado se allanó a minimizar el derecho integral a la justicia para las víctimas de las Farc. También, de manera tácita, se asoció al interés de convertirlas en objeto de exigencias de perdón y reconciliación, desconociéndolas como ciudadanos de pleno derecho, aptos para exigir aquellas garantías que les ofrecen la Constitución y la Ley. Como es corriente cuando al ciudadano se le impide el acceso a sus derechos, las víctimas de las Farc han hecho uso de su libertad para asociarse en organizaciones que les ofrezcan la protección que el Estado les está negando, y que consigan que el mundo reconozca su voz como la legítima de quienes lo han puesto todo en la guerra y aspiran a no ser humillados y negados por la paz.