La Fiscalía encontró serias irregularidades ocurridas en los doce años de desarrollo del plan de modernización de la Refinería de Cartagena que tienen connotación penal y que van más allá de simples problemas de planeación operativa o financiera.
En las primeras decisiones de la Fiscalía General de la Nación sobre el caso de la Refinería de Cartagena, la más grande del país, mejor conocida como Reficar, este organismo de control encontró un peculado, es decir malversación de fondos públicos por más de $610.000 millones.
Según el ente acusador, luego de un trabajo de nueve meses, en el cual fue necesario el estudio de más de ocho terasbytes de información, un grupo de fiscales, investigadores y expertos financieros de la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción concluyó la primera fase de la investigación de Reficar.
Antecedentes
Desde el año 1996 se planteó la necesidad de modernizar la Refinería de Cartagena, para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 (Ley 812 de 2003) definió este proyecto como de importancia estratégica para el país. El tema se planteó en dos documentos Conpes (3312 de 2004 y 3336 de 2005), donde se establecieron políticas públicas dirigidas a conseguir un socio estratégico que financiara el proyecto.
El Conpes dispuso que el Plan se adelantara con la mayor participación privada posible de recursos, con el objetivo de asegurar que los riesgos asociados al proyecto recayeran fundamentalmente en el inversionista privado y, a su turno, se mitigara el del Estado en la ejecución de la obra. Adicionalmente el Conpes estableció que la ingeniería y la construcción del proyecto se adelantaran bajo la modalidad contractual “llave en mano”, a fin de eliminar el riesgo de posibles sobrecostos en la construcción.
Como desarrollo de esa política y tras una invitación pública internacional, en 2006 se eligió a la compañía Glencore International AG como inversionista mayoritario del proyecto. Así, Glencore International AG (51%) y Ecopetrol (49%) constituyeron la sociedad “Refinería de Cartagena S.A. Reficar”, encargada de ejecutar el proyecto de modernización.
Posteriormente, en 2007 bajo la administración de Glencore, Reficar eligió a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la Refinería a través de un contrato de EPC (Enginering, Procurement and Construction).
En el año 2009, sin haber financiado el proyecto, "alegando un evento imprevisto, imprevisible e irresistible, Glencore se retiró de la sociedad Reficar, y Ecopetrol adquirió el 100% de la participación accionaria de la Refinería, asumiendo la totalidad del capital de Reficar como ejecutora del proyecto" explicó la Fiscalía.
Tras la salida de Glencore, en 2009, esta refinería contrató a Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (Fjpvc) para llevar a cabo el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto.
Ya para el año 2010, para continuar con la ejecución del proyecto, Reficar suscribió dos nuevos contratos EPC con CB&I en la modalidad contractual “costos reembolsables”, desconociendo la modalidad contractual inicialmente requerida por el Conpes, lo que implicó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado.
Durante la ejecución del proyecto, luego de atrasos e incumplimientos por parte del contratista, en 2014, Reficar y CB&I suscribieron cuatro acuerdos denominados “Memorandum of Agreement” (MOA) y “Project Invoicing Procedure” (PIP), que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en favor del contratista CB&I.
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En virtud de estos acuerdos, Reficar incurrió en el pago de facturas que habían sido previamente rechazadas por el supervisor del contrato, Foster Wheeler & Process Consultant Inc. (Fjpvc) o que no fueron validadas por este.
¿Qué evidenció la Fiscalía?
Según la Fiscalía hay pagos que son cobros irracionales, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto. Estos se presentaron, entre otras, en las siguientes modalidades: Pago de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto; pago por subcontrataciones no autorizados por Reficar, pago por gastos suntuosos y extravagantes, no relacionados con el proyecto; pago duplicado de costos y pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto.
¿Quiénes serían los presuntos implicados?
El ente acusador decidió vincular, mediante formulación de imputación, a los primeros presuntos responsables por delitos contra la administración pública, la fe pública y el orden económico y social en la ejecución del megaproyecto. Entre ellos están Orlando José Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yañez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar 2009-2017; Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008. También se llamó a imputación de cargos a Nicolás Isaksson Palacios, líder del grupo legal de Reficar 2013-2017; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010; Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal CB&I 2009 y Carlos Alberto Lloreda, revisor fiscal de Reficar 2013-2015.
Continúa la investigación
Igualmente, para concluir las siguientes fases de la investigación, relacionadas entre otras con la selección del socio estratégico, la salida de Glencore y la selección del contratista, se dispuso llamar a interrogatorio a Isaac Yanovich Farbaiz, presidente de Ecopetrol 2002-2006; Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, presidente de Ecopetrol 2007-2015; Jaime Leonardo Flórez Muñoz, gerente de vicepresidencia de refinación Ecopetrol 2007-2008; Jorge Enrique Carvajales Orozco, presidente de Reficar 2006-2008; Andrés Virgilio Riera Burelli, vicepresidente de preparación y puesta en marcha Reficar 2015-2016; Richard Cohen, representante legal de Glencore 2008- 2009; Sergio De la Vega Jiménez, ejecutivo Glencore y suplente del presidente de Reficar 2007.
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