El Gobierno de Irak anunció este miércoles nuevas medidas económicas en respuesta al referendo de independencia celebrado por la región autónoma del Kurdistán el pasado 25 de septiembre, considerado ilegal por Bagdad, informaron fuentes oficiales.

La principal medida aprobada durante el Consejo de Ministros para la Seguridad Nacional, presidido por el primer ministro, Haidar al Abadi, fue la orden de que todas las empresas de telefonía móvil kurdas trasladen su sede a Bagdad y se pongan bajo la autoridad del Gobierno federal.

Según un comunicado de la oficina de Al Abadi, el Gobierno reafirmó que seguirán en vigor todas las medidas aprobadas previamente contra las autoridades kurdas.

Entre ellas, el Gobierno recordó que ha ordenado a la fiscalía que inicie procesos judiciales contra los responsables del referendo.

En este sentido, el Gobierno informó que ha preparado una lista de funcionarios kurdos que serán acusados ante los tribunales, pero no la divulgó ni aclaró si en la misma figura el presidente kurdo, Masud Barzani.

Asimismo, la oficina de Al Abadi afirmó que se continúan investigando las cuentas bancarias de los responsables políticos del Kurdistán "en las que se deposita el dinero de la exportación del petróleo" con el objetivo de "recuperar" esos fondos y "perseguir a los corruptos".

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El Consejo de Ministros también abordó las negociaciones mantenidas con Turquía e Irán con el objetivo de coordinar el cierre de los pasos fronterizos y la suspensión del comercio de esos países con el Kurdistán iraquí hasta que las autoridades kurdas los entreguen a Bagdad.

La medida más polémica tomada hasta ahora es la orden de suspender los vuelos internacionales con origen o destino en los aeropuertos kurdos de Erbil, capital regional, y Suleimaniya.

Según Bagdad, la suspensión de vuelos estará en vigor hasta que el gobierno kurdo entregue el control de los aeropuertos al Ejecutivo central.

Al Abadi reiteró este miércoles que ninguna de estas medidas suponen un "castigo" para el pueblo kurdo, sino que pretenden "beneficiar" a la población.

El referendo, considerado ilegal por el Tribunal Constitucional y por el Gobierno iraquí, fue celebrado el pasado 25 de septiembre, tuvo una participación de cerca del 72 % y un 92 % de votos favorables a la secesión, según datos difundidos por las autoridades kurdas.

Tras la consulta, no vinculante, las autoridades kurdas pretendían dialogar con Bagdad sobre cuestiones pendientes, entre ellas la soberanía sobre territorios disputados que administrativamente son iraquíes pero que están bajo el control de las fuerzas kurdas, como es el caso de la provincia de Kirkuk.