El 55% de los homicidios, según datos de una ONG, fueron perpetrados por desconocidos y los departamentos que registran mayor número de activistas asesinados son Cauca, Antioquia y Norte de Santander.
Un total de 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados en el territorio nacional durante el primer trimestre de este año, 26 más que en el mismo periodo de 2017, según un informe del programa privado Somos Defensores.
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Siaddhh) de Somos Defensores informó en un comunicado que "se mantiene la tendencia identificada desde 2015" del "incremento de acciones contra la vida e integridad de los líderes sociales, manifiesta en homicidios y atentados".
El informe detalló además que de los 46 asesinatos, los supuestos responsables de 35 de ellos son desconocidos, cuatro la Fuerza Pública, tres los habrían cometido paramilitares, dos las disidencias de las desmovilizadas Farc y dos más el Eln.
Por otra parte, doce defensores sufrieron atentados, 66 fueron amenazados, a seis les robaron información, uno desapareció y otro más fue judicializado, datos que sumados a los asesinatos completan 132 agresiones entre enero y marzo de este año.
"De estas 132 agresiones, el 74% fueron en contra de defensores y el 26% contra defensoras. Registramos, en comparación con el mismo periodo en el año anterior, una significativa disminución en las amenazas, detenciones arbitrarias y judicializaciones", agregó la información.
Los presuntos responsables de las agresiones, contabilizadas por el Siaddhh, son desconocidos (55), paramilitares (47), la Fuerza Pública (5) y las guerrillas (7).
Los departamentos en los que más ocurrieron los ataques contra los defensores en el primer trimestre del año son Cauca, Antioquia y Norte de Santander, que está ubicado en la frontera con Venezuela.
"Igualmente nos llaman la atención los departamentos de Arauca y Córdoba, donde se reactivaron las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en números no registrados en periodos anteriores", añadió la ONG.
La organización lamentó además que el Gobierno no haya dado con "una fórmula efectiva para detener la oleada de violencia selectiva contra líderes sociales y defensores, que a juzgar por las cifras se convirtió en violencia letal".