Con anuncios de actuar, como es su obligación constitucional y como lo hizo la Alcaldía de Medellín con obras defectuosas de CDO, en defensa del derecho fundamental a la vida, el gobierno municipal lidera una drástica intervención en el edificio Bernavento, en el que se han detectado deficiencias estructurales que hacen temer por su estabilidad. Debido a esa alternativa, emitió la orden de desalojo de este y edificios vecinos en riesgo de sufrir los impactos de un desplome, si ocurriera. Además, solicitó a la Universidad de los Andes estudios, cuyos costos deben asumir los constructores del proyecto como respectivamente tiene que hacerse con las obras de CDO investigadas, para escoger la opción que dé seguridad a los propietarios y habitantes de ese y los edificios vecinos.

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Con este episodio Medellín reedita la pesadilla sufrida por las doce familias que perdieron a un ser querido en el desplome del edificio Space; la que han vivido quienes tuvieron que abandonar sus viviendas y aún no tienen respuesta a su daño patrimonial, y la que padecen quienes aún viven en urbanizaciones de CDO sobre las que pesa mandato de repotenciación que esa empresa no ha realizado o ejecutó sin contar, porque así se los permite un decreto del Ministerio de Vivienda, con la aprobación de los asesores técnicos de los propietarios.

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Ante esta reedición de la tragedia de las construcciones hechas con cicatería y sin respeto por los riesgos confiamos en que las familias que sufren por la irresponsabilidad de diseñadores y constructores no tengan que enfrentarse a debilidades institucionales y de las organizaciones, que han quedado en evidencia con los daños en las obras de CDO.

En el Estado son notables la laxitud de los curadores urbanos para revisar proyectos a su consideración, situación que en Medellín se ha visto agravada por la ausencia de tres de los cuatro responsables de la aprobación y vigilancia de las obras que la ciudad debería tener. También es motivo de inquietud, muy especialmente en el caso de los edificios dañados y diagnosticados en los años 2013 y 2014, el progresivo desinterés de las autoridades que pueden mediar o exigir soluciones para que las personas recuperen su patrimonio o los edificios sean adecuados. A esto se suman las incongruencias de los responsables de tomar decisiones para garantizar los derechos de los propietarios o, peor aún, la lentitud pasmosa de la justicia para decidir en bien de las víctimas.

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Por las instituciones de la ingeniería, aún se extrañan decisiones de las universidades y los gremios ante cuyos ojos se produjo el quiebre profesional y ético que hizo pasar a la ingeniería antioqueña de ser la más rigurosa en el cálculo y construcción de proyectos con ánimo de perdurabilidad a que algunos de sus miembros estén incursos en conductas reprochables e inseguras a raíz de decisiones guiadas por la codicia o la mezquindad, lejanas estas de la consigna de Rectitud que alentó e hizo grandes a los ingenieros de este departamento.

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