Debido a una reducción en las transferencias iniciales del Sistema General de Participación, al aumento de los gastos por la inflación y al ajuste salarial de maestros, en Antioquia el presupuesto para educación no alcanza.
En el 2016 se giró a la Gobernación de Antioquia $984.977.108.240 para la prestación del servicio de educación, mientras que para este año la cifra fue de $980.049.442.918. Esto significa una reducción del 0.5%, cuando los gastos se incrementan por el aumento de la inflación, que el año pasado fue de 5,75%.
Esto deja al departamento con menos dinero para prestación del servicio, aunque el Departamento Nacional de Planeación (DNP), encargado de hacer las transferencias, sostiene que el presupuesto no se ha reducido y que lo que pasa es que hay recursos que no se han asignado.
Para el DNP, la reducción evidente en Antioquia obedece a que “aún faltan por distribuir recursos, lo que seguramente cambiará ese dato inicial a comienzos del segundo semestre de este año cuando los ajustes se hayan consolidado”.
Voceros del DNP plantean que “el SGP creció 8% en educación para 2017 y llegó a $20.5 billones. Pero al inicio del año no se distribuye el total de lo presupuestado, se deja un remanente de cerca de 12%, para distribuir en el segundo semestre del año, según los ajustes que se vayan realizando y las necesidades de cada ente territorial ”.
Gustavo Jaramillo, subsecretario de planeación de la Secretaría de Educación de Antioquia, aseguró que el DNP no está teniendo en cuenta que el presupuesto tiene que ser superior al del año pasado porque aumentaron los costos, ya que se prevé que debido a negociaciones entre el Ministerio de Educación y Fecode, la nómina de los docentes subirá muy por encima de la inflación.
La Secretaría de Educación de Antioquia calcula que se necesitaría por lo menos una transferencia de $92.000 millones para asegurar el presupuesto mínimo de funcionamiento de las escuelas y parques educativos del departamento. Esto no contempla inversiones, ni aumento de la calidad, ni mejoramiento de la infraestructura.
En este sentido, Néstor David Restrepo Bonnet, secretario de educación de Antioquia, aclaró que esa es una cifra aproximada, dado que “no se puede hacer una cuantificación exacta de la desfinanciación porque estamos a la espera del aumento salarial de los maestros, que será acordado entre Fecode y el Ministerio de Educación”.
Para Jaramillo lo que está generando el “abismo presupuestal es que se dispara la nómina por el incremento para este año, porque además de lo básico que incrementa anualmente, hay unos convenios con los maestros de tres puntos adicionales. Entonces nos daría que el incremento de la nómina es de 8,75%, siendo conservadores, porque no ha salido todavía el decreto. Pero si les incrementan más de eso, nos desfasamos mucho más”, dijo el funcionario.
Jairo Arenas, integrante del comité ejecutivo de Fecode, aseguró que todavía no se sabe cuánto van a subir los salarios porque no ha salido el decreto. “Se supone que va incrementar sobre la inflación, más los puntos que se acuerden para los empleados estatales, más dos puntos más específicamente para los maestros, según lo que se acordó en 2015 con el Ministerio de Educación para lograr la nivelación salarial. Eso esperamos discutirlo la próxima semana con el Ministerio para que quede listo el decreto”, afirmó Arenas.
En este sentido, el subsecretario de planeación de la Secretaría de Educación de Antioquia, clarificó que “dejamos de recibir el 0.5% para prestación del servicio, que es lo básico, pero hay que tener en cuenta que ahí no se añade el incremento a los maestros, porque llegan menos recursos pero los gastos son más”.
El déficit para cubrir los costos mínimos para el funcionamiento de la educación ya está generando dificultades en las escuelas del departamento, pues como explica Restrepo Bonnet, “la prestación del servicio es latente e inminente. El servicio de internet, por ejemplo, ya lo están pidiendo en los municipios. Vamos para dos meses de haber iniciado la prestación del servicio y algunos colegios están sin conectividad”.
El dinero para el funcionamiento de las escuelas y del sistema de educación del departamento es girado anualmente del presupuesto del SGP, que está constituido por los recursos que la nación transfiere por mandato de la Constitución Política a las entidades territoriales, es decir, departamentos, distritos y municipios, para la financiación de los servicios de salud, educación y agua potable.
De estos recursos, la educación es lo que recibe el mayor porcentaje: un 58,5%. A la salud le entregan un 24.5%, y para agua potable y saneamiento básico es otorgado un 17%.
El DNP reparte el dinero a través del documento Conpes, que estipula la distribución de los recursos entre las entidades territoriales.
En el caso de Antioquia, hay dos tipos de entidades territoriales que son los municipios certificados y los no certificados. Los certificados, que gozan de autonomía presupuestal, son Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro y Sabaneta. Los otros 118 municipios dependen directamente del presupuesto que se le asigna al departamento.
Así, la gobernación de Antioquia es la encargada de cubrir los gastos de prestación del servicio, es decir, es quien cubre los gastos de nómina de los más de 19.000 maestros del departamento. A su vez, a los municipios o entidades educativas se les entregan unos montos por el concepto de calidad y gratuidad, respectivamente.
El Secretario de Educación del departamento señaló que con el presupuesto asignado “no hay para capacitación de maestros, ni para inversión y hago fuerza porque el presupuesto sólo alcanza para pagar la nómina hasta octubre, y yo no puedo mandar a los niños y a los maestros para la casa”.
Las cifras del DNP señalan que el déficit no es únicamente en Antioquia. En la mayoría de departamentos del país, el presupuesto del Sistema General de Participaciones registra una disminución, por la cual los funcionarios departamentales y municipales no han recibido una explicación clara por parte del Ministerio de Educación.
“La respuesta siempre es la misma. Que falta un poquito, que esperemos. A mí me han dicho que el giro es un 90% y que estábamos pendientes del 10%”, comentó Restrepo y consideró que “si queremos que Colombia sea la más educada en el 2025 no podemos quedarnos en cuentos bonitos, no basta con mejorar estadísticamente en las Pruebas Saber, la calidad en la educación es un proceso cuyos resultados no son inmediatos. Si seguimos así la consecuencia es que nunca vamos a cerrar la brecha entre educación pública y educación privada, siempre será abismal”.
En los siete municipios certificados las reducciones no son tan dramáticas. El caso más extremo es el de Envigado, pues este año los envigadeños tendrán una disminución del 20,9% en su presupuesto para educación.
Diego Fernando Echavarría, secretario de educación de Envigado, afirmó que “en la primera asignación llegaron casi $1.500 millones menos que en el año anterior, cuando nosotros tenemos más planta docente. Además hay que subir salarios según el IPC y subir los puntos de la negociación que haga el Ministerio con Fecode”.
Echavarría dejó saber que “la preocupación grande es que el presupuesto inicial que tenemos no nos alcanza ni para la nómina. Entonces si no hay para la nómina, menos aún para otros proyectos de calidad y de inversión”.
En Medellín, por su parte, el presupuesto se redujo en un 3%, es decir, se dejarían de recibir más de $17.000 millones para la prestación del servicio.
Aura Marleny Arcila Giraldo, concejal de Medellín, explicó que las transferencias se hacen al municipio, dependiendo del número de niños que reporte al sistema educativo, por lo cual “el presupuesto no debería reducirse porque no ha habido deserción escolar alta, al contrario, lo que dice el alcalde [Federico Gutiérrez] es que reingresaron 1.400 niños al sistema educativo”. Arcila añadió que en el Concejo no ha escuchado quejas del secretario de educación en ese sentido. “Uno sabe que el presupuesto de Medellín para educación está corto, pero específicamente de las transferencias del SGP, no existe la sensación de que vaya a disminuir”, especificó la concejal.
Arcila, quien lidera temas de educación y niñez en el Concejo, añadió que ya la nación comenzó a desembolsar las transferencias. “Ya giraron $571.000 millones, en una primera entrega y hay pendiente otra entrega. El año pasado el Ministerio giró $596.000 millones”, dijo.
Según voceros del DNP “en Medellín, aunque se observa una reducción aún falta por distribuir el 100% de los recursos por calidad de matrícula; 70% por calidad de la gratuidad y 30% para cancelaciones de prestaciones sociales del magisterio, por lo cual seguramente cambiará ese dato inicial a comienzos del segundo semestre de este año cuando los ajustes se hayan consolidado”.
Los más golpeados con esta aparente reducción del presupuesto son los municipios no certificados, aquellos que precisamente son los que más dependen de estos recursos pues no cuentan con fuentes de financiación propias.
Así lo ratificó Néstor David Restrepo Bonnet, quien aseguró que “hay municipios cuyos recursos propios son mínimos, que viven precisamente de estas transferencias de la nación. Si esto merma, la calidad educativa sufrirá ese bajón”.
Las cifras del DNP apuntan a que en municipios como Murindó, San Pedro de Urabá y Zaragoza la reducción del presupuesto para calidad de la educación rondaría el 90%. Es decir, se estarían viendo comprometidos recursos para capacitación docente, mantenimiento, mejoras en aulas y hasta para transporte escolar.
Para Jorge Eliécer Maturana Úsuga, alcalde del municipio de Murindó, la reducción “es paradójica, porque este es el municipio con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas de Antioquia, con 98%. Tiene también un índice de analfabetismo muy alto, del 49%. Entonces no entiendo por qué el gobierno nacional habla de cerrar brechas si con esta decisión se reduce el presupuesto de calidad de educación a Murindó, el municipio con mayores problemas en educación y con el índice más elevado de analfabetismo”. Y es que según la asignación inicial del presupuesto, Murindó pasaría de gerenciar $310 millones para calidad y gratuidad a tan solo $29 millones en todo el año.
En San Pedro de Urabá la situación es similar, aunque el Secretario de Educación del municipio, Jorge Paternina, afirmó no tener conocimiento de que el presupuesto vaya a reducirse.
Paternina explicó que con el presupuesto de calidad, que el año pasado fue de $2.200 millones de pesos le invirtieron “al transporte escolar, al pago de los servicios públicos, a la construcción de restaurantes escolares y al mejoramiento de aulas en mal estado”.
Para este año, en San Pedro de Urabá tienen previsto seguir construyendo restaurantes escolares, además de conseguir material didáctico y dotación. Por lo cual Paternina espera que se haga el ajuste y lleguen los recursos completos.
Por ahora, según Paternina, en el municipio está interrumpido el servicio de transporte escolar y no hay servicio de internet en los colegios, ya que no ha sido contratado el servicio de conectividad.