En el Subcomité Directivo del Comité de Cumplimiento de Antioquia para el período 2017-2018 repetirán los grupos EPM, Nutresa, Éxito, Orbis, Réditos, C.I. Leonisa y Ltsa, que fueron los encargados del lapso 2016-2017.
En un momento en que escándalos de corrupción y la evidencia de la debilidad institucional para prevenirla han ocupado la agenda pública, existen iniciativas privadas que tratan de mejorar en sus procesos internos para reducir al máximo este flagelo en una labor que no siempre es tan conocida. Ejemplo de ello es el trabajo del Comité de Cumplimiento de Antioquia (Ccdea), institución que tuvo su primer encuentro anual el viernes pasado y que trata de fortalecerse continuamente desde su fundación en 2012.
El Ccdea está conformado por más de 30 empresas del sector real que cuentan con operaciones en el departamento de Antioquia y cuyas actividades son heterogéneas. De estas hay cinco (5) grupos empresariales, por lo que la participación real es de más de 60 compañías. Algunas de ellas son: Grupo EPM, Grupo Nutresa, Grupo Réditos, Almacenes Éxito S.A., Grupo Orbis, Leonisa y Ltsa, Atlético Nacional, Postobón, Cervecería Unión, entre otras.
Pero ¿qué valoración tiene esta iniciativa?
Julián Guerrero, coordinador del programa anticorrupción área de prevención del delito y fortalecimiento de la justicia (Projust), que depende de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), quien estuvo presente en la XVIII versión del Encuentro del Ccdea y el primero de 2017, valora positivamente lo que representa el Comité de Cumplimiento de Antioquia.
“Es muy importante para Naciones Unidas que los oficiales de cumplimiento y las juntas directivas de las empresas que hacen parte de esta red de oficiales tengan la voluntad de hacer negocios con integridad. Creemos que si no hay esa voluntad el fenómeno de la corrupción se va a ver exacerbado no sólo en lo privado sino en la relación de lo privado con lo público, y eso tiene un efecto devastador sobre la sociedad. Por eso lo primero que quisiera resaltar es el compromiso de los oficiales de cumplimiento porque eso muestra la voluntad de las empresas a la hora de hacer negocios con integridad”.
Lo segundo que destaca Guerrero es que esta red busca generar conocimiento sobre estos temas, además de transferir lecciones aprendidas y buenas prácticas y esto en temas de prevención de la corrupción es muy importante según el experto, ya que permite en términos prácticos ejecutar acciones que se ven muy fáciles en el papel pero son más difíciles de llevar a la práctica.
¿Y cómo son en la práctica las labores de un oficial o de una unidad de Cumplimiento? Amilcar Gómez, oficial de cumplimiento del Grupo Réditos, explica: “Somos responsables de controlar las labores de la empresa para evitar que sean usadas para amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción. Por eso hemos implementado un área dentro de la compañía que se dedica exclusivamente a eso, conformada por un equipo multidisciplinario, certificado, con experiencia, y además se han adoptado otros mecanismos como software de monitoreo que nos genera señales de alertas, entre otros”.
Algo que resalta Gómez, del área de Cumplimiento del Grupo Réditos, y que es una tendencia para la mayor parte de las empresas que tienen una unidad similar, es su carácter independiente: “Nosotros no dependemos de ninguna de las áreas administrativas, dependemos directamente de la junta directiva y los conceptos que emitimos están al mismo nivel del que emiten el presidente o el vicepresidente. Son de obligatorio cumplimiento”, concluye.
Hay interés
contra la corrupción
Carolina Saldarriaga, perteneciente a la organización sin fines de lucro Alianza de Negocios para el Comercio Seguro (Basc por sus siglas en inglés) capítulo Colombia, institución que se encarga de la secretaría técnica del Comité, resalta el interés creciente de numerosas empresas por afiliarse al Ccdea, lo que demostraría el interés en mejorar sus procesos.
Sin embargo, también recuerda que un estímulo fundamental han sido las distintas normativas emitidas por el Estado, especialmente por la Superintendencia de Sociedades, entre otras entidades, que tienen por fin la autorregulación empresarial con el fin de evitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.