El Ministerio de Minas y Energía y la compañía Promigas fueron condenadas a pagar 1,2 millones de dólares a modo de reparación a las víctimas de un ataque terrorista de las Farc, que en 2001 voló un gasoducto en el norte del país. 

El caso que falló el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento de La Guajira se refiere a los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2001, cuando guerrilleros de las Farc dinamitaron el gasoducto Ballenas-Barranquilla.

El hecho dejó cinco muertos, 11 heridos y pérdidas para Promigas por 3.700 millones de pesos (1,2 millones de dólares).

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El fallo en segunda instancia ordena a Promigas, una de las principales compañías de gas natural en Colombia, y al Ministerio de Minas, el pago de la indemnización.

La decisión ratifica un fallo de 2014 que declaró responsables a las mismas entidades "por los perjuicios ocasionados con ocasión de los daños sufridos por los demandantes como consecuencia del ataque terrorista, imputables a título de riesgo excepcional".

La determinación del Tribunal se basó en que el acto terrorista "no era imprevisible" en la época que ocurrió, teniendo en cuenta que el país vivía en ese momento una de las más cruentas olas de violencia.

Por lo anterior, la autoridad judicial consideró que Promigas debió tener más vigilancia en el oleoducto para prevenir el ataque.