Para la mayoría de las personas los países árabes del llamado Medio Oriente están asociados al Islam, los camellos, el desierto y en términos económicos al petróleo, principal recurso de la región que ha permitido un alto nivel de vida a algunos países de la zona. Sin embargo, cuando en la gira por esas latitudes el presidente Santos anunció la inversión de US$1.000 millones que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) harán en un proyecto de minería aurífera en Colombia, una de las preguntas que salta al aire es ¿y qué saben los emiratíes de extracción de oro? Al parecer no son expertos pero tienen el capital financiero para contratar a los que sí saben y ya lo están haciendo.

El proyecto es el Soto Norte, ubicado en las cercanías del Páramo de Santurbán, Santander, cuya mina está ubicada en el municipio de California y los inversionistas árabes manejan a través de la empresa Minesa, cuya casa matriz es Mubadala.

Un jugador con músculo financiero
El presidente de la Asociación de profesionales del sector minero de Colombia (Aimc) y jubilado de la empresa Mineros S.A., Rafael Roldán Jiménez, explicó que los Emiratos Árabes Unidos son conocidos por su alto músculo financiero. “En sus países desarrollan minería a gran escala de petróleo, gas, sulfuros, fertilizantes, aluminio, cemento, siendo exportadores importantes en todos estos productos”.

Y es que los EAU no es cualquier jugador amateur. El ingeniero de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional, Wilfredo López Piedrahíta, jubilado del grupo Holcim de Suiza y de la compañía Frontino Gold Mines, precisa que esa nación es considerada la economía Nº 29 en el ámbito mundial, ya que “en 2016 exportó US$98,8 billones e importó US$184 billones”.

A su vez, el Producto Interno Bruto (PIB) anual fue de US$348 billones y el per cápita de US$72.400. Al respecto, el ingeniero de minas dijo que el oro está entre sus principales exportaciones y representaron US$15,8 billones, así como los diamantes (US$12,3 billones), la joyería (US$11,8 billones), los vehículos (US$4,5 billones) y el aluminio en bruto (US$4,2 billones).

Agrega Roldán Jimenez que se caracterizan por ser grandes importadores de oro y metales preciosos a los que buscan agregarles valor, “especialmente con el proceso de refinación, permitiéndoles a su vez ser grandes exportadores de oro refinado y joyería (16% y 12% respectivamente estos dos productos aportan en las exportaciones mundiales)”, por lo que su experiencia en oro y metales preciosos está relacionada con procesos metalúrgicos de gran tecnología para purificar o refinar oro.

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Asimismo, también disponen de una refinería de oro de 300 toneladas al año y están en el proceso de expandirla a 800 toneladas. De igual manera están incursionando y buscando proyectos en países que tengan la potencialidad de producción de oro para de esta forma actuar en el ciclo completo.

López Piedrahíta coincide con Roldán Jiménez en que los emiratíes tienen dinero para promover inversiones de metales preciosos para que sea un negocio sólido, sin embargo, le llama la atención que a pesar de que no produzcan oro, exportan el refinado a buen precio y lo mismo sucede con la joyería que la envían a la India, Irán, Suiza, Irak y Omán.

Experiencia internacional
Mubadala es la casa matriz de Minesa que es una empresa con “reconocimiento en el mundo y en el sector extractivo. No es de papel o de fachada como muchas veces ocurre y cuenta con reputación”, así lo señaló Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía e investigador de la Universidad de Los Andes y del Externado.

De igual forma, actualmente cuenta con operaciones de minería subterránea en España, mediante un proyecto conocido como Matsa, “que se viene ejecutando bajo altos estándares ambientales, tecnológicos y sociales. Es además uno de los veinte fondos soberanos más grandes del mundo y con altas calificaciones de transparencia, prácticas laborales y de gobierno corporativo”, según reseñó Juan Camilo Montoya Bozzi, gerente de Sostenibilidad de esta multinacional.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, manifestó que también tienen experiencia en África Occidental, en Guinea, y aunque Minesa, como razón social, explotaría por primera vez Soto Norte, desde años atrás han venido preparando todos los aspectos técnicos, ambientales y sociales. “Hasta la fecha ha cumplido con todas las obligaciones y trámites frente a las entidades del Estado, en particular ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) con la presentación del Plan de Trabajo y Obras (PTO) y ahora tramitando la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que se encuentra en proceso”. También han logrado desarrollar una relación respetuosa y constructiva con las comunidades vecinas, que tienen una clara vocación minera, agregó.

Para la Asociación Colombiana de Minería (ACM), es importante que se incremente la producción legal y formal de oro en Colombia. Lo que significa que esta iniciativa es atractiva para el gremio, especialmente, porque son compañías con experiencia en el sector extractivo que aplican buenas prácticas en el ámbito social, ambiental y laboral para que desarrollen proyectos de ‘Minería Bien Hecha’, explicó Santiago Ángel Urdinola, presidente de la  Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Como inversionistas
Paul Harris, analista de minería y organizador de Colombia Gold Symposium, manifestó que es esencial entender que el capital para proyectos puede llegar de muchas fuentes, sin embargo, según su concepto, hay una gran separación entre el origen de este y la habilidad para usarlo. “Los Emiratos Árabes no tienen tanta experiencia en desarrollo de proyectos de oro como tal, pero sí tienen gran experiencia como inversionistas y han creado un equipo con experticia internacional con muchos integrantes australianos en los puestos de alta gerencia técnica”.

Además, los EAU aportan su visión de la importancia del desarrollo del capital humano y cultural de la zona del proyecto, es decir, “que los aspectos del proyecto se han desarrollado desde los más altos estándares en el ámbito mundial y con tecnología de punta”, comentó.

Para Marcello Veiga, profesor titular del Instituto de Ingeniería Minera Norman B. Keevil de la Universidad de British Columbia, en Colombia existe una percepción relacionada con el color de la bandera de los inversionistas, lo que no debería ser, ya que los emiratíes hacen lo mismo que las compañías colombianas, que es exportar oro, “en este proceso más del 80% de los costos se quedan en Colombia en los salarios, la infraestructura, la energía, el transporte, los equipos, las ayudas a las comunidades, etc”, mientras que el 20% restante normalmente son las ganancias de los inversionistas, que en este caso son los emiratíes.

Referente a su reputación como inversionistas dice “ellos pagan bien y en la fecha. La reputación que sí se debe preguntar es la de los operadores, que no serán árabes”, añadió Veiga.

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Como empleadores
Según el ranking de la tasa de participación en la fuerza laboral de 2013 y los indicadores del mercado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Emiratos Árabes Unidos se sitúan en el número 36 entre 177 países con una participación masculina del 63,5% frente a un 36,5% del género femenino. No obstante, los árabes han sido generalmente conocidos por su rigidez en torno a las relaciones laborales. Al respecto, Luis Fernando Vargas Alzate, profesor del Departamento de Negocios Internacionales de Eafit y magíster en estudios políticos, explicó que hay un factor de fondo que obedece a un tema cultural, “los derechos humanos fueron una creación Occidental y aunque son declarados universales para el Medio Oriente y el lejano Oriente son asuntos que no son tan relevantes como sí lo son para la otra parte”, como es el caso colombiano, americano o para Europa Occidental.

Y a pesar de que los árabes no tuvieron la prioridad de aplicarlos en esos territorios, gradualmente han venido transformándose en esa dirección, aunque aún les falta agregarlos a su agenda de carácter social o laboral. Sin embargo, han tenido que ceder en su visión y se han ido adaptando, “es muy beneficioso para la humanidad, pero es un proceso gradual que todavía tardará unos años”, indicó.

No obstante, a donde lleguen los inversionistas árabes tendrán que cumplir las leyes. “Ellos son famosos por el rigor con que manejan las relaciones laborales, pero pagan bien”, expresó Eduardo Chaparro Ávila, director del proyecto de la plataforma para el desarrollo mineral patrocinado por la Unión Europea en siete países de América Latina, explicando que a lo largo del tiempo se ha entendido que los Emiratos Árabes Unidos son una tiranía, una dictadura y que no respetan los derechos humanos, “si así fuera no habría inversiones en ninguna parte del mundo porque una cosa es el Gobierno y otra son los inversionistas”.

En contraste, aunque según la OIT, no son tan rigurosos con los adultos, los niños y adolescentes han vivido situaciones aún más complejas, ya que según el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2012, existen convenios con los EAU sobre la edad mínima para trabajar de 1973 ratificado en 1998, que aplica para menores de 17 años.

De igual forma, tienen otro referente a las peores formas de trabajo infantil de 1991 (ratificado en 2001). Las violaciones a los derechos humanos se muestran más complejas en los niños.

De acuerdo con la base de datos del Ministerio del Interior emiratí y de los registros de la Policía de ese país en 2010, se notificaron ocho denuncias en relación con quince niños víctimas de trata por explotación sexual con edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. Además, con base en el informe  anual  de  la  Comisión Nacional para Combatir la Trata de Personas (Nccht) de 2010-11, se denunciaron 58 casos de trata de seres humanos de los que resultaron 152 víctimas y se impusieron 169 sentencias condenatorias a sus autores.

La OIT le ha solicitado a cada gobierno implementar las medidas pertinentes ante estas situaciones, lo paradójico es que desde hace cinco años, los Emiratos Árabes Unidos no han suministrado información al respecto.

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Inseguridad jurídica tras la sentencia de la Corte

Mediante la Resolución 2090 del 19 de diciembre del 2014 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, fue el primer páramo en ser delimitado en Colombia, lo que implica que no se permite realizar ninguna actividad económica dentro de este.

Sin embargo, con la Sentencia T-361/17 la Corte Constitucional tumbó ese procedimiento gracias a una tutela presentada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y el Comité para la Defensa del Agua del Páramo de Santurbán, argumentando que en dicha delimitación no se tuvieron en cuenta las comunidades que viven aledañas a la zona de influencia.

Queda entonces volver a delimitar el páramo, pero ahí entran en conflicto los ambientalistas con los sectores productivos. Los primeros desean que el área a ser declarada páramo sea mayor que la delimitación estipulada. El problema es que esta no afecta solamente a la minería  sino también a los habitantes de California, Vetas y Suratá que se dedican a la agricultura y a la ganadería. “Las comunidades son las primeras afectadas aquí, los ambientalistas le están apostando a que el proyecto de Minesa no vaya y lo están manipulando buscando ampliar la delimitación. Si el tema es que tienen que consultar a las comunidades y lo hacen con las que están dentro del impacto directo, estas están a favor de que la delimitación disminuya, porque los afecta”, así lo afirmó Hernando Escobar Isaza, abogado minero y ambiental y exsecretario de la Comisión Redactora del Código de Minas de 1988.

Para el profesional del Derecho, los ambientalistas lo que están pretendiendo hacer es consultar otros territorios que no están afectados directamente por el proyecto como es el caso de Bucaramanga, ”buscando crear un precedente al cambiar las reglas de juego” referente a las consultas populares.

De acuerdo con la sentencia se debe comunicar la decisión a las gobernaciones de Santander y Norte de Santander, así como a las alcaldías de Bucaramanga, Vetas, California, Suratá y Cúcuta, al igual que a las Corporaciones Autónomas de la Frontera Nororiental y Defensa de la Meseta de Bucaramanga,  “para que se vinculen al trámite de cumplimiento de la presente sentencia, al participar como veedores y garantes de su cabal observancia y ejecución”.

En definitiva, este constante cambio en las reglas genera inseguridad en los inversionistas, sean de cualquier nacionalidad, concluyó Vargas Alzate.