Los colombianos tenemos dificultades para admitir que Venezuela, es decir la dictadura bolivariana, ha penetrado masivamente el actual proceso electoral colombiano. Los servicios de Nicolás Maduro están trabajando duro para impedir que Colombia cambie de orientación gubernamental y ponga fin a la infame transferencia de poderes a las Farc perpetrada por Juan Manuel Santos en sus dos gobiernos.

Las mayorías, todos los estratos sociales colombianos, casi sin excepción, quieren que los comicios de marzo y mayo próximo quiebren la política santista y permitan el restablecimiento del Estado de derecho, desmantelado por la coalición de minorías izquierdistas en el poder.

Sin embargo, Maduro se opone a ello. Un triunfo de las fuerzas que luchan contra el statu quo en Colombia aceleraría considerablemente la caída de la narco-dictadura venezolana. Por eso, ese detestado régimen, y su mentor cubano, decidieron volcarse de lleno en el teatro electoral colombiano.

La aplicación integral de los acuerdos Santos-Farc es la empresa política más urgente de Maduro. Un gobierno bajo la bota de las Farc –de transición o no--, es lo que buscan Maduro y Raúl Castro. En este momento eso es más crucial para el aislado jefe bolivariano (sólo le queda el respaldo firme del boliviano Evo Morales) que ganar las elecciones que él trata de realizar en Venezuela el 22 de abril de 2018.

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Si Maduro impone su control definitivo sobre Colombia en marzo/mayo, su régimen será más sólido y agresivo que nunca y todos los países del continente, empezando por Estados Unidos, tendrán una situación geopolítica hemisférica ultra complicada, aún más que la que creó la consolidación de la dictadura de Fidel Castro en Cuba tras la crisis de los misiles nucleares y la negociación Kennedy-Khrushchev en 1962.

Por primera vez, Caracas y La Habana controlarían dos países petroleros con una superficie total de más de dos millones de kilómetros cuadrados y con grandes recursos naturales. Y, sobre todo, con salidas, ciudades, puertos y aeropuertos hacia dos océanos. Una configuración interesante para potencias antiamericanas como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

Maduro está jugando, pues, en dos tableros. En Colombia está combinando una serie de palancas, desde la violencia extrema hasta los artilugios más sofisticados de fraude electoral, para pulverizar la voluntad de los colombianos.

Esos medios son de dos tipos. Maduro dispone de una fuerza armada en Colombia (las guerrillas Eln y Farc, llamadas ahora “disidencias”, las Autodefensas gaitanista y otras bandas narcotraficantes) y de una fuerza electoral de choque dispuesta a copar las mayorías del Congreso (Senado y Cámara de representantes) en marzo, y a apoderarse enseguida, en mayo/junio próximo, de la presidencia de la República.

La combinación de esos instrumentos disímiles ya está siendo hecha con habilidad pasmosa.

La jefatura del Eln se encuentra en Venezuela. No hay paso que dé esa gente sin el aval de los servicios de Maduro. El gobierno de Santos simula redoblar su “ofensiva” contra esa banda castrista tras el fracaso de las negociaciones “de paz” en Ecuador. En el Eln actúan guerrilleros de las Farc, como lo constató la inteligencia militar colombiana recientemente--. Bogotá admitió, además, el 18 de febrero, que el Eln planea sus golpes terroristas desde Venezuela. Peor, soldados venezolanos están participando en los ataques del Eln en Colombia. Uno de ellos murió a comienzos de febrero, según reveló el gobierno, mientras colocaba un explosivo del Eln en un punto entre Pamplona y Cúcuta. Santos encubre la gravedad de eso diciendo que el Eln está “reclutando venezolanos” para utilizarlos en sus fechorías. Esos soldados están entrando a Colombia disimulados entre el flujo de refugiados que cruzan a diario la frontera.

El jefe de las “disidencias” de las Farc, Miguel Botache Santillán, alias Gentil Duarte, parece estar también en Venezuela, donde tendría, según la prensa de Bogotá, relaciones con los jefes del Eln y con jefes narcotraficantes de Brasil y México. Para esas organizaciones ilegales un cambio de orientación en Colombia sería muy mala noticia. Todos cumplen órdenes con disciplina.

Según el investigador americano Douglas Farah, el dinero de las Farc “sale o ha salido de Colombia hacia Cuba, y de ahí a El Salvador y Nicaragua, y de ahí a empresas fantasmas en Panamá”. Farah denunció eso durante un foro del Instituto Interamericano por la Democracia (IID). En 2017, Farah declaró ante el Senado de Estados Unidos que “la principal estructura de lavado de dinero de las Farc es la compañía petrolera del chavismo PDVSA”, y que ese operativo utiliza una “red paralela” que incluye empresas creadas en Nicaragua con fondos aportados a través del Alba, bajo control del gobierno de Daniel Ortega, “y Alba Petróleos, con capital del mismo origen, en El Salvador.”

El botín amasado por las Farc durante décadas de crímenes es enorme y está siendo escamoteado con ayuda de Maduro. La Fiscalía de Colombia informó este 20 de febrero que “el monto de las propiedades que fueron adquiridas ilícitamente por las Farc asciende a 2.9 billones de pesos” y que la Fiscalía ha embargado, entre 2011 y 2018, “un total de 5.632 bienes pertenecientes a las antiguas Farc y sus testaferros”. Esas fincas, lotes, establecimientos de comercio, inversiones, sociedades comerciales, vehículos y semovientes, no aparecen, dice la Fiscalía, en el inventario que las Farc entregaron a las autoridades al momento de firmar la paz. El tesoro de guerra de las Farc puede ser aún más grande.

Tan pronto el Eln lanzó su nueva ola de atentados (el mal llamado “paro armado”) para vengarse por la suspensión de las conversaciones en Quito, la fuerza armada de Maduro lo respaldó con el traslado de tropas adicionales a lo largo de la frontera donde el fenómeno de la migración venezolana hacia Colombia es más agudo. La diáspora venezolana en Colombia oscila ya entre 600.000 y 800.000 personas.

La prensa habló en ese momento del envío de “111 efectivos militares del Ejército (venezolano) desde el estado Monagas al Táchira para cumplir acciones de resguardo fronterizo” y agregó que dicha “movilización” hace parte “del Plan Centauro Negro” que consiste en “acciones de defensa ante una incursión militar extranjera”.

Maduro aprovechó la visita a Colombia del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, seguida por la de Kurt Tidd, jefe del Comando Sur de EE. UU., también en febrero, destinadas a discutir con los países de la región la aplicación de sanciones petroleras que provoquen una salida negociada en Venezuela, para gesticular con su único aliado Evo Morales que esa gira preparaba una “invasión imperialista” a Venezuela.

Tal fue el contexto en que Maduro ordenó realizar enseguida “ejercicios militares en cada estado de la República” para “alistar al pueblo en la defensa ante posibles ataques terroristas”. La prensa de Caracas estima que el “despliegue final” será el sábado 24 de febrero y que en eso participará “toda la fuerza armada, es decir unos 328.000 milicianos, 150.000 miembros de tropa de todos los componentes y 550.000 personas”.

A su vez, Santos, quien simula estar en desacuerdo con Maduro para no empeorar su imagen ante el gobierno de Donald Trump y no quedar en minoría en la OEA y en el Grupo de Lima, le reprocha al dictador venezolano actitudes que el mismo asume –dijo que Maduro “no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde”--, y se abstiene de tomar las medidas efectivas, militares, de inteligencia y judiciales, para desbaratar el entramado subversivo que Maduro tiene instalado en Colombia para falsear los comicios y consolidar su influencia.

Santos obra como si ignorara que Nicolás Maduro se está jugando su futuro en Colombia y que por eso cuenta con las citadas bandas narco-comunistas y con los cuatro candidatos presidenciales colombianos decididos a completar “la implementación” de las concesiones de Santos a las Farc. Esos candidatos prometen, obviamente, la “equidad” (palabra clave del socialismo del siglo XXI) y construir un mundo mejor. Todos repiten la monserga de Tirofijo, de los años 1960, sobre el “cambio de estructuras”. Ninguno está convencido de que el experimento chavista terminó en una catástrofe.

El principal de esos candidatos, Gustavo Petro, es un ex miembro amnistiado de la banda terrorista M-19. Senador y asesor de Hugo Chávez antes y durante el gobierno de éste, Petro es el hombre clave de Nicolás Maduro y de las Farc en esta elección. La candidatura de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sólo fue un balón de prueba.

Las fuerzas que respaldan a Petro, fracasado ex alcalde de Bogotá, siempre fueron minoritarias y lo siguen siendo. Sin embargo, gracias a los sondeos de opinión él aparece como el más opcionado (23.5%) para ser elegido presidente de la República. Los colombianos están aterrados con lo que el chavismo hizo en Venezuela. No importa. Petro, el máximo exponente de la doctrina que creó ese desastre, quien anunció sin sonrojarse que su propósito es expropiar todo lo que pueda, es el preferido de los colombianos. ¿Qué misterio encierran esos sondeos?

En caso de que Petro naufrague ante la opinión --como le ocurrió a Timochenko, quien suspendió su campaña ante los motines de rechazo popular que provoca su presencia --por la impunidad insultante que disfruta sin merecerlo y por el hecho de que las Farc incumplieron sus promesas de paz--, Maduro espera contar con tres otros candidatos: Piedad Córdoba, Humberto de la Calle (11%) y Sergio Fajardo (20.2%). Como Petro, los tres apoyan a Santos y quieren continuar su política, pero perdieron la cara cuando el país rechazó, en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, el acuerdo de La Habana que ellos querían ver ratificado ese día.

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Según los curiosos sondeos (con metodologías confusas), Iván Duque --el candidato del Centro Democrático, partido de derecha que dirigió, bajo la orientación del expresidente Álvaro Uribe, la lucha contra la aprobación plebiscitaria de los acuerdos de La Habana--, obtiene 9.2 %. Y el candidato conservador Alejandro Ordoñez, otro gran vocero de la lucha por el No en el plebiscito, quien como procurador general tuvo el valor de destituir a Petro por ilegalidades cometidas cuando era alcalde de Bogotá, es apenas mencionado por la prensa liberal. Ordoñez, un católico declarado, realiza sin duda la campaña más dinámica de todo el país. Las encuestas de opinión le dan guarismos bajos, pero él podría dar la sorpresa como ocurrió en Costa Rica este 4 de febrero con el triunfo de Fabricio Alvarado en la primera vuelta de la presidencial: los sondeos le daban a Alvarado, un predicador evangélico, solo un 2% de favorabilidad. Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa de Álvaro Uribe, tampoco es favorecida por las firmas encuestadoras.

Es obvio que hay una guerra mediática del santismo contra los candidatos de derecha y un esfuerzo para agravar las rencillas dentro de ese campo, al mismo tiempo que hay un esfuerzo de propaganda para inflar a los de izquierda.

Ese panorama se complica aún más cuando los medios describen el actual proceso electoral como relativamente normal, en paz, con partidos estables y con sobresaltos menores. La actividad de Maduro sobre el escenario colombiano es totalmente ignorada. Vaticinan que estos comicios llevarán a una renovación del personal político, pero no necesariamente a un refuerzo de las formaciones de derecha en el Congreso. Estiman que un nuevo presidente “de centroizquierda” aportará prosperidad económica y “salvará la paz” con las Farc. Esta última es descrita como una fuerza “progresista” que se limitará a la vida parlamentaria.

Esa descripción es irreal. La campaña electoral está intervenida y los bonzos en el poder no quieren ceder un milímetro. Hay maniobras de desestabilización del Eln y de las Farc de norte a sur del país, ataques terroristas (11 atentados en sólo 2018 contra la infraestructura energética), atentados sangrientos contra la fuerza pública (9 muertos y 46 heridos el 27 de enero en atentados en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur, el mismo día del lanzamiento de la candidatura de Timochenko), hostigamiento judicial contra jefes de la oposición parlamentaria, sobre todo contra el ex expresidente Álvaro Uribe (la Corte Suprema de Justicia disculpó precisamente en estos días las intrigas ilegales de Iván Cepeda, un senador pro Farc, y pidió que abrieran investigación contra Uribe por haber acusado a Cepeda).

Hay al mismo tiempo condenas contra periodistas de oposición (caso Ricardo Puentes Melo), amenazas de censura contra las redes sociales, asesinatos selectivos de “líderes sociales”, panfletos amenazantes contra los electores de amplias regiones agrarias del país y movilizaciones militares a un lado y otro de la frontera con Venezuela.

Es, pues, una campaña bajo los peores auspicios. Si el orden y el derecho no son restablecidos no habrá elecciones libres en Colombia. Los organismos de control que podían lanzar los correctivos fueron debilitados. La Registraduría Nacional del Estado Civil fue incapaz de develar las maniobras ilegales (un falso video) y el fraude que le robó, en junio de 2014, el triunfo a Oscar Iván Zuluaga, candidato del CD. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), los hechos de violencia y fraude en los municipios aumentaron un 8 % en las elecciones de 2014. Ese mismo grupo dice que hay riesgos de fraude en 111 puestos de votación en Bogotá. La Registraduría no ha sacado las lecciones de todo eso. En cambio, se dispone a utilizar de nuevo los polémicos dispositivos de voto electrónico en una parte del proceso electoral de 2018. El fraude mediante voto electrónico fue utilizado ampliamente por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. ¿Por qué Santos acepta que se introduzca subrepticiamente ese pésimo sistema? ¿Por qué quiere levantar la ley seca para el día electoral?

No sorprende la advertencia que lanzó Carlos Negret, Defensor del Pueblo, quien declaró que el Eln y las otras bandas criminales podrían “afectar los comicios legislativos y presidenciales en 287 municipios en 29 departamentos”. Semejante brecha es suficiente para darle perfiles falsos a las dos elecciones.

La relación evidente entre la campaña electoral y los desmanes violentos e institucionales, los actos para influenciar a los electores en uno u otro sentido, sobre todo en los territorios apartados y sin seguridad, es eclipsada por la prensa. Unos pocos observadores advierten que Colombia está en peligro de perder sus libertades, como las perdieron por tantos años los cubanos en 1959/1960 y los venezolanos en 1998/1999. Pero, si le damos crédito a las brillantes encuestas de opinión, todo va muy bien en el mejor de los mundos. Y Colombia no está corriendo riesgo alguno.

Esa tranquilidad no existe sino en el papel. Fue Rex Tillerson quien hizo ver, durante su gira por Latinoamérica, que Washington está preocupado por lo que pueda hacer tanto la China como Rusia en Venezuela, en vista de la crisis de gobernabilidad de ese país. Las elecciones de abril podrían ser la ocasión para un manotazo. El diario EL MUNDO, de Medellín, retomó ese tema en su editorial del 8 de febrero al recordar que esa injerencia de Rusia y China “no resulta descabellada” y que el propio Tillerson dijo en México que Washington “ha recibido reportes en similar sentido de sus aliados europeos”. El editorial invita para tener en cuenta “la enorme deuda del régimen de Maduro con ambas potencias, los nexos de China en Centroamérica y los acercamientos que Rusia ha buscado estrechar en la región”.

El secretario de Estado habría dicho a Santos que Colombia es un “jugador muy importante” para devolverle la democracia a Venezuela. La pregunta es si Colombia puede devolverle la democracia a Venezuela con un presidente como Gustavo Petro. ¿Un chiste flojo de Tillerson? Con Petro ocurrirá lo contrario: Colombia no exportará la democracia al vecino país, sino que éste nos impondrá su peste destructiva. En todo caso, los colombianos podemos dormir tranquilos: de nuevo La Habana, Caracas, Moscú y Pekín están tratando de decidir por nosotros.