La historia del separatismo catalán escribió un nuevo capítulo en la semana que termina. Ocho exintegrantes del gobierno de Cataluña fueron encarcelados provisionalmente, sin fianza, y se expidió una orden de detención internacional contra Carles Puigdemont, quien se encuentra en Bruselas, la capital de Bélgica, a la espera de que ocurra una de dos cosas: que sea enviado ante un juez o que ese país decida darle asilo. Esto se sabrá apenas el lunes próximo.

Lo anterior, porque el gobierno de Mariano Rajoy considera ilegal que esas nueve personas hayan organizado un referendo e impulsado una declaración de independencia de España, país que tendría un trato desigual con la comunidad de Cataluña, una de las más ricas del territorio español. Los delitos imputados al expresidente catalán son rebelión, sedición y malversación.

En España, expertos en derecho europeo, como Stefan Kok, creen que la posibilidad de que Puigdemont sea asilado en Bélgica es muy poca. De hecho, ningún país que pertenezca a la Unión Europea le daría asilo, puesto que el argumento del expresidente catalán es que le fueron violados sus derechos humanos, algo difícil de comprobar con la sola afirmación de que el gobierno español inició un proceso en su contra, según argumenta Kok.

El profesor de derecho penal de la Universidad de Groninga, el holandés Pim Geelhoed, considera que a más tardar el martes, Puigdemont será deportado a España. Agrega que todos los países europeos están en la obligación de hacer efectivas las órdenes de captura que los miembros de la UE, expiden, porque así lo ratificaron al integrarse a esa comunidad. Asimismo, recalca que el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho a un juicio justo, el que seguramente tendrá tanto en Bélgica como en España. Podrá, luego, apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En últimas, las posibilidades de Carles en Europa son pocas, mientras que si hubiera salido del continente, tendría más éxito con el asilo, pues estaría lejos del alcance de los acuerdos estipulados en el Convenio Europeo de Extradición y que obligan a entregar a los sospechosos de delitos políticos.

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No huyó

Para calmar los ánimos de quienes aseguran que huyó y dejó a Cataluña sumida en la incertidumbre, Puigdemont aseguró que no escapó, que fue a preparar su defensa y que será candidato en las elecciones autonómicas catalanas convocadas para el próximo 21 de diciembre. “En Cataluña no puedo preparar bien mi defensa. Deseo comparecer ante los jueces, pero ante los jueces de Bélgica, la verdadera justicia, no ante la justicia española. Además, mi desplazamiento es para evitar una ola de violencia; violencia que no ha sido una opción para nosotros”, explicó Puigdemont desde Bruselas.

Entretanto, el expresidente regional hizo un llamado a conformar una lista unitaria de los independentistas con miras a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre en las que han puesto todas las esperanzas de que triunfe la opción separatista a través de la elección de candidatos secesionistas. “Es el momento para que todos los demócratas se unan por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y por la República”, pidió Puigdemont a través de un documento que dio a conocer por redes sociales.

En internet, el expresidente, además de recoger más de mil firmas en apoyo a su solicitud, exhortó a quienes acudieron a votar el 1 de octubre en el referendo independentista que asistan de nuevo en diciembre a defender las urnas contra el secuestro y la violencia policial y apoyar con el voto la unidad de acción y la alianza por la independencia.

El escrito lo aprovecha Puigdemont para denunciar una persecución judicial y el linchamiento personal por parte del nacionalismo español que persigue a los separatistas por sus ideas políticas. Finalmente exclamó que “las elecciones autonómicas catalanas impuestas por el Gobierno español, son una elección entre la democracia y la imposición entre los partidos soberanistas y los destructores del autogobierno”.

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La crisis de España, crucial

La profesora de Derecho Internacional de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Bibiana Catalina Cano Arango, especialista en Mediación de Conflicto de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, recordó que entre los argumentos de los separatistas está la crisis que vive España, una crisis económica de la que difícilmente saldría si deja ir a Cataluña.

Añadió que los pueblos, según la ONU, tienen el derecho a la libre autodeterminación y que son ellos quienes deben decidir si quieren separarse o seguir unidos a un país, en este caso, a España. Adicionalmente, se cuestionó si la dirigencia independentista atiende los intereses del pueblo o un interés de la clase oligárquica “es algo que no nos han dicho”, manifestó.

El profesor Gustavo Adolfo Soto Marín, especialista en estudios políticos y profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, está de acuerdo en que la crisis española ha sido crucial en la coyuntura separatista actual.

Señaló que el desplome del sistema financiero originado en Estados Unidos en 2008 llegó un año después a Europa y dos a España. Las reformas al mercado laboral y las pensiones no sirvieron, la iliquidez llevó a la quiebra a muchas empresas, se derrumbó la construcción y el desempleo creció de forma alarmante, dando lugar a una crisis social que derivó en política, institucional y posteriormente territorial: Nacionales y extranjeros salieron del país, el rey Juan Carlos I abdicó en junio de 2014, el bipartidismo se acabó y comunidades como la vasca y la catalana amenazaron con separarse de España.

Cataluña, una región rica, fue cargada de impuestos por el gobierno español. Por ello, los promotores del secesionismo acusan inequidad económica, diferencias políticas y defensa cultural, sumado a un sentimiento separatista que acompaña a los catalanes desde el siglo XIX.

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El diálogo falta

Si algo ha faltado en los últimos acontecimientos entre España y Cataluña es diálogo. Ningún bando ha mostrado su interés en una negociación dialogada y, por el contrario, ambas posturas le han apostado a la confrontación. El gobierno de Rajoy pudo hacer una oferta y evitar alimentar el cada vez más creciente ánimo separatista antes del 1 de octubre cuando se cumplió con el referendo, pero no lo hizo. También ahora lo puede hacer, pero quiere todo por la vía de la imposición.

Ahora se presagia un rompimiento entre Puigdemont y sus antiguos socios también por falta de un diálogo que lleve a un entendimiento entre las partes. El llamado a conformar una lista unitaria con miras a las elecciones del 21 de diciembre no gustó del todo entre sus excolaboradores en el Gobierno catalán, la coalición Junts pel Sí -JxSí- y, la izquierda republicana –ERC-, quienes condicionaron la participación en los comicios decembrinos siempre que la lista independentista unitaria aglutine a todo el soberanismo catalán.

Para lograrlo, los republicanos exigieron al gobierno español que libere a los presos políticos catalanes para que puedan participar en las elecciones autonómicas que, según Rajoy, devolverán la legalidad a Cataluña.

Marta Rovira, secretaria general de la ERC, advirtió que ir a las elecciones no será posible desde que los principales líderes políticos y sociales del independentismo estén en prisión.

Por su parte, el radicalismo independentista decidirá el próximo 12 de noviembre si acude a las elecciones regionales. Lo cierto es que Puigdemont, quien anunció que será candidato, tendrá que esperar a que sus socios separatistas logren un consenso sobre cómo enfrentarán los comicios del 21-D, como han llamado a las elecciones de este diciembre. El diálogo falta.