Reiteran propuesta para que esa entidad electoral no sea elegida por el Congreso de la República, lo que volvió a ocurrir y fue demando ante el Consejo de Estado.
Como inaudito, lamentable y cuestionable fue calificado por versados analistas el hecho que en el preciso momento en que el tema de la lucha contra la corrupción en Colombia está en toda su efervescencia y calor, dentro de la cual la corrupción política es uno de los principales males para combatir y corregir, el Congreso de la República haya elegido nuevamente al siempre cuestionado Consejo Nacional Electoral, CNE, por su falta de independencia al ser designado por los mismos políticos y partidos a los que debe vigilar.
En otras palabras es como si los jugadores escogieran al árbitro de un partido de fútbol o también como expresa el más severo y ácido crítico del modelo de elección del CNE, su expresidente Guillermo Mejía Mejía, “en el perverso sistema de elección del CNE, los jugadores de los equipos grandes escogen a los árbitros”.
Es decir, los vigilados seleccionan a sus propios vigilantes, lo que no tiene ninguna justificación precisamente tras la realización de una consulta nacional contra la corrupción, en la cual la participación de 11.7 millones de colombianos es un mensaje contundente a la clase política y a los congresistas para que se autorregulen en asuntos tan sensibles y delicados como es garantizar la justicia electoral.
Sin embargo, el Legislativo, senadores y representantes, reunidos en Congreso en pleno, no paró bolas a estos clamores y reclamos y en la vespertina del pasado miércoles volvió a elegir o mejor a imponer a los nueve magistrados de esa autoridad electoral que controlará sus actuaciones. O sea, quedan supeditados y amarrados a los propios jefes que los beneficiaron con su designación.
Esta elección preocupa aún más, cuando se vislumbran o se anuncian seguras demandas contra esta elección.
Entendidos en la materia han advertido que por nuevas disposiciones constitucionales, la elección de los magistrados electorales se debió realizar mediante una convocatoria pública, tras decantarse mediante la calificación de hojas de vida y exámenes de conocimientos a los candidatos. Y ya no por una simple elección bajo el sistema de cifra repartidora que todo parece indicar habría sido revocado. Esta discusión se dirimirá en los estrados judiciales, pues ya existen demandas en curso y hasta tutelas.
Los congresistas son los directamente responsables de evitar que se implemente un sistema de elección más transparente e independiente del CNE, como ocurrió en el 2016 y en el 2017 cuando durante el tránsito legislativo se frustraron cambios a esa elección en la reforma santista al Equilibrio de Poderes y luego en los debates a las reformas políticas producto de los acuerdos del Estado colombiano con las Farc, para la reintegración de esta guerrilla a la vida política y no armada.
Esos intentos de cambios o remedios para acabar con la dependencia o sumisión política y partidista del CNE, están orientados a conseguir dos objetivos, unos de carácter operativo y otros mediante reformas legales.
En materia de organización y justicia electoral, donde intervienen la Organización Electoral (Registraduría y CNE) y el Consejo de Estado, se plantea que una sola entidad se entienda con la organización de las elecciones y con los procesos contenciosos electorales.
Y en el caso concreto del origen y operatividad del CNE, entidad en la que se considera radica la primera falla por la carencia de transparencia del sistema, en vista de que su función es velar por la limpieza del proceso, se propone con contundencia que su elección no sea efectuada por el Congreso de la República, para que así sea independiente de los partidos y de las personas que vigila.
En los dos últimos años se han llevado a cabo varias cumbres y conformado comisiones de notables para proponer reformas políticas, a las que han sido invitados los dirigentes, expertos y docentes antioqueños Armando Estrada Villa y Guillermo Mejía, quienes han sustentado en esos espacios los dos correctivos mencionados, que han sido recogidos como propuestas que se han esfumado en su paso por el Congreso.
Ambos han recalcado e insistido que el CNE deje de ser una emanación de los directorios políticos.
Mejía Mejía es muy crítico en su libro “Régimen Jurídico de las elecciones en Colombia” del actual modelo de CNE en Colombia cuando afirma que “es lo que no debe ser un organismo electoral”.
Sus dudas las concreta cuando argumenta en su publicación que “desde el 2003, los magistrados de este organismo son elegidos por el Congreso en pleno, por el mecanismo de la cifra repartidora, lo que implica que los electores de los magistrados del CNE son los mismos a los que después tendrá que vigilar el organismo electoral, lo que de entrada borra cualquier posibilidad de una investigación electoral objetiva. Es decir, existe un compromiso entre el elector y el elegido que se reflejará más tarde en la adopción de las decisiones de su competencia”.
Mediante cuatro planchas el Congreso en pleno eligió esta semana a los nueve magistrados del CNE que asumen desde el primero de septiembre.
La plancha uno fue promovida por el Centro Democrático, liberales, conservadores y minorías. Sacó 143 votos y elogió a seis magistrados, así:
- Pedro Felipe Gutiérrez (CD)
- César Augusto Abreo Méndez (L)
- Heriberto Sanabria Astudillo (C)
- Renato Rafael Contreras (CD)
- Doris Ruth Méndez Cubillo (L)
- Jaime Luis Lacouture (C)
La plancha 2 del Partido de la U obtuvo 37 votos y eligió a un magistrado:
- Hernán Penagos
La plancha tres reunió en coalición a los partidos alternativos y de izquierda y contabilizó 43 votos, para un solo magistrado:
- Luis Guillermo Pérez Casas
Y la plancha cuatro la presentó Cambio Radical y sacó 44 votos, para un magistrado:
- Jorge Rozo