Paralelo al debate nacional que se genera para fijar el procedimiento que debe seguirse en la elección de Contralor General de la República, en especial, cuál debe ser el rol que le corresponderá a la universidad en ese proceso, deber iniciarse un debate sobre el futuro del sistema de controles que se ejercen sobre la administración, en particular sobre el control fiscal.
Más importante que elegir un nuevo contralor, lo que se hace prioritario es hacer unos ajustes sustanciales al actual modelo de control fiscal, que deben tener como propósito lograr que:   (i) se entienda  claramente que el control fiscal es una función técnica y no política como creen algunos; (ii)  se trata de una modalidad de control que debe estar sustancialmente orientada al cumplimiento de los fines sociales del Estado; (iii) su núcleo debe estar  orientado sustancialmente a garantizar la eficiencia en la gestión pública y no solamente a la indemnidad del patrimonio estatal; (iv) debe articularse con las veedurías cívicas y otras formas de participación social; (v) vigilar la gestión  de  los particulares cuando administren recursos públicos o estatales; (vi) apoyarse soportarse en la aplicación de las tecnologías de la información; y (vii) sus instrumentos deben orientarse a la evaluación de la gestión y no simplemente al cumplimiento del deber funcional.
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No es un secreto que desde hace varios años se registra una crisis en el control fiscal en Colombia, pues esta modalidad de control no ha logrado ajustarse adecuadamente a la estructura institucional que se derivó de la Constitución de 1991, y por ese motivo a la Corte Constitucional le ha correspondido, definir sus perfiles, lo que ha ocasionado duros golpes a quienes quieren seguir ejerciendo un control fiscal convencional, que de un lado lo hace asimilable al “control interno” y del otro adopta categorías propias del control judicial que en otros países es ejercido por tribunales o cortes de cuentas.
Como los hitos en el camino ya están suficientemente consolidados y como el actual modelo requiere reformas estructurales, en las que se tenga en cuenta la doctrina constitucional expresada en diferentes oportunidades, tal como sucede con las sentencias como la SU-620-96, C-484-00, C-619-02 y C-103-15, quien sea elegido como Contralor debe tener claro el modelo que debe aplicarse y deben tener preparada una reforma institucional al modelo actual, lo que implica variar  a  fondo del esquema que se ha venido aplicando.
El problema del control fiscal es estructural y se expresa en aspectos como: (i) la imposibilidad de delimitar claramente su alcance frente a otros controles, como el interno, el de policía administrativa y en algunos casos el disciplinario; (ii) la imposibilidad jurídica de que la Contraloría imponga sanciones por gestión ineficiente, pues en la actualidad se entiende que  la potestad sancionatoria originada en una mala gestión, no es competencia de los contralores, salvo que se genere un daño patrimonial al Estado; (iii) el hecho de que el trámite del proceso de fiscal, pueda durar hasta cerca de diez años, cinco en etapas de auditoria y preliminares y cinco dentro del proceso propiamente dicho y termine con una decisión administrativa susceptible de decisiones judiciales; (iv) la ausencia de concordancia ente el objetivo de la actividad de auditorías con el de los procesos fiscales; …  en fin, existen un conjunto de dificultades en el control fiscal, que sin duda ameritan transformaciones sustanciales. 
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Así las cosas, el contexto actual tiene pleno sentido la intervención de la Universidad en la elaboración de listas de personas habilitadas para ser elegibles como Contralor, pero su tarea no puede limitarse a este aspecto, pues lo más importante es abrir el debate sobre cual debe ser el rol de la Contraloría en un Estado como el colombiano. 
Se inicia entonces el debate sobre el futuro del control fiscal, ojalá que las contralorías territoriales tomen el liderazgo en la construcción de un verdadero diagnóstico de la situación actual de esta modalidad de control y presenten propuestas razonables y ojalá quienes aspiren a ese cargo, puedan proponerle al país un modelo acorde con las necesidades actuales.