Las buenas acciones con que se han enfrentado los graves problemas ambientales, laborales y de seguridad originados en la profusión de minas ilegales en el municipio de Buriticá, recibieron un severo golpe con la muerte de seis contratistas de la empresa Continental Gold, quienes adelantaban una inspección de rutina a una mina clausurada cuando fueron víctimas, según todo indica, de un atentado directo contra sus vidas.

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También en los municipios de Segovia y Remedios, lo que era una protesta “pacífica” de mineros autodenominados ancestrales, se tornó violenta tras el atentado contra un acueducto y los posteriores actos vandálicos contra activos de la compañía GranColombiaGold, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad, la declaratoria del toque de queda y la desescolarización de los estudiantes.

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Es claro que la informalidad, en tanto se torna criminal, no puede ser protegida con medidas paternalistas que desconocen los procesos serios y concertados de formalización y coexistencia de los llamados mineros ancestrales con las compañías mineras que sí están sujetas a los requerimientos ambientales, laborales y tributarios de ley y que, pese a que son las únicas en capacidad de generar un verdadero desarrollo, han terminado como el blanco del accionar criminal de quienes buscan tomarse el territorio y explotar su riqueza y su gente.

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Rechazamos y condenamos de manera contundente las acciones violentas de los últimos días en ambos territorios y respaldamos que, con el debido respeto de los Derechos Humanos, las autoridades hagan frente con firmeza a protestas que, en el caso del Nordeste, se han tornado automáticas ante cualquier regulación que amenace los privilegios de quienes se benefician de la extracción ilegal de minerales, que no son, de ninguna manera, derechos adquiridos sino acciones contra la ley y que, en defensa de los mismos, atemorizan a la población mediante el uso de la violencia.

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Reclamamos, además, la presencia del Ministerio de Trabajo, e incluso de la OIT, para que sean garantes de los pactos de formalización celebrados en Buriticá, y que se persiga también a los autores materiales e intelectuales de las acciones terroristas, que no son propiamente pequeños mineros, sino verdaderas organizaciones criminales.