El fantasma de la lucha contra las drogas no nos va a soltar. No sobra citar al sabio Einstein para dar la razón a su expresión “a políticas iguales, resultados iguales”. Hoy son muchos más los que consideramos que tal lucha es un fracaso y que de dicha inercia no salimos si no ensayamos otras estrategias. Expresidentes de Méjico, Colombia, Brasil, Uruguay y otros, coinciden en reclamar tal viraje. La particularidad es que dichos exgobernantes se envalentonan solo cuando abandonan sus cargos. El temor al qué dirá o cómo reaccionará EEUU adormece sus posturas cuando están en ejercicio. La famosa descertificación es una espada de Damocles que el país del norte enarbola con frecuencia para aconductar cualquier aire libertario desde afuera.

Lo paradójico es que EEUU decidió convertirse en el gendarme mundial de la prohibición y criminalización de todo lo relacionado con las drogas, desde la producción, tráfico y consumo, a pesar de su experiencia aleccionadora con el alcohol y el tabaco en los comienzos del siglo XX con secuelas muy similares a las de hoy en violencia, victimas, y desgaste de recursos y esfuerzos. Lo cierto es que, si desde el norte no hay una señal, las declaraciones o propósitos de los demás países no dejarán de ser buenas intenciones. Obama alcanzó a reconocer la conveniencia de evaluar el viraje en la lucha contra todo tipo de estupefacientes y no se comportó como el policía mayor, a diferencia del actual mandatario gringo, ante el cual Juan Manuel Santos tuvo que tragarse sus aires de emancipación. Revivió el glifosato. El nuevo presidente de los colombianos, Iván Duque, no solo va arreciar con las fumigaciones, sino que también va a enarbolar la lucha contra la dosis mínima personal como una bandera contra las drogas, así se lleve por delante un derecho fundamental como el libre desarrollo de la personalidad erigido como conquista liberal en el artículo 16 de la Constitución del 91.

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Dentro de cuatro años, cuando esté de salida Duque, estaremos enfrascados en las mismas discusiones, como un corcho en un remolino, respecto a las fórmulas para erradicar las hectáreas, pocas o muchas como ahora, cultivadas de coca en el país. Las fumigaciones con glifosato u otro producto químico repetirán la historia de fracasos que hasta ahora hemos tenido en Colombia por culpa de su comprobada inefectividad, la resiembra y el mejoramiento de la productividad de las semillas utilizadas por los cultivadores. Y volveremos a comprobar lo que hoy es una verdad de Perogrullo, pero poco atendida: la incapacidad e impotencia del Estado para cubrir de una manera integral todo el territorio, con la seguridad ciudadana en una mano y la inversión social en la otra, hará que la relación costo beneficio entre sembrar coca o maíz en cualquier lugar apartado de la geografía nacional, se incline a favor de la coca. No por culpa del pequeño campesino, sino porque al echar cuentas elementales, en las condiciones de desprotección y abandono actuales, con la coca obtiene alguna retribución, contrario al maíz u otro producto.

Nos seguiremos dando contra la pared. Mientras en la academia, centros de pensamiento y oficinas de expertos, no se observa ninguna solución distinta a la legalización o descriminalización con todas sus variantes tal como lo esbozó la notable Comisión Asesora Para la Política de Drogas en Colombia en su informe final de 2015: En el otro extremo de la “guerra contra las drogas” se encuentra la alternativa de liberalización total del mercado de las drogas, que parte de una confianza en el poder regulador del mercado y de la idea de que el Estado no puede impedir que una persona se haga daño a sí misma, y por ende concluye que las sustancias sicoactivas deben estar sometidas a reglas de mercado similares a las de cualquier otra mercancía. En el campo intermedio, figuran dos estrategias, que tienen una perspectiva filosófica similar de salud pública y respeto por los derechos humanos de los usuarios de drogas, pero mantienen diferencias importantes en el uso del derecho penal en el campo de la producción y distribución. De un lado, están las políticas de “reducción del daño y de minimización de los riesgos”, las cuales, con una perspectiva pragmática, consideran que es imposible suprimir el consumo y solo puede aspirarse a reducir los daños asociados a los usos problemáticos, para lo cual plantean que es necesario despenalizar el consumo de ciertas sustancias…

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Cada vez el chichón por el golpe contra la pared será más doloroso e inútil.