2’606.188 mujeres mayores de edad han ingresado al  Registro Único de Víctimas (RUV) hasta el 1 de noviembre de este año. 1’288.599 más son niñas y adolescentes que también han sufrido el flagelo de la guerra en diferentes escenarios y por diferentes razones, compartiendo con el sexo femenino ser las dos poblaciones más victimizadas. 

Así lo demuestran las cifras de la Unidad de Victimas, que registra en sus casos 488.785 niños entre 0 y 5 años; 925.219 entre 6 y 11 años; 1.100.326 entre 12 y 17 años y 598.653 sin información de la edad en el registro; como menores de edad afectados por el conflicto, desde el desplazamiento forzado y la violencia, hasta el asesinato de alguno de sus familiares y el impedimento para realizar las actividades propias de su edad. 

El mes de noviembre y los días internacionales declarados por la Organización de Naciones Unidas, son la oportunidad de conmemorar hoy el día Mundial de la prevención del Abuso sexual infantil, el 20 de noviembre el Día Universal del Niño y el 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; fechas que recuerdan no solo la importancia de estos grupos poblacionales, sino la vulneración que han tenido a lo largo del tiempo en la historia del conflicto armado colombiano. 

Mujeres víctimas
Edna Rocío Pinto es víctima desde los diez años de edad, aunque en su momento no se lo reconocieran. A su corta edad las Farc la violentaron sexualmente, hoy en día hace parte de las cerca de 20.000 víctimas por este hecho, de las que el 90% son mujeres, según la Unidad de Víctimas.

En la actualidad, ya desde la perspectiva  del liderazgo, reflexiona por qué en Colombia se revictimizan las mujeres, tras vivir hechos en contra de integridad. “Siento que se ha victimizado la mujer, cuando me sucedieron estos acontecimientos yo nunca tuve un apoyo, tanto institucional, como psicosocial, ni nada. Pienso que nosotras las mujeres en estos momentos, algunas por la baja autoestima, no nos atrevemos a hablar, a tener una claridad, a hacer más, y que nunca se nos ha dado la participación efectiva”, explicó la coordinadora de la Mesa Municipal de víctimas de Neiva, Huila, e integrante de la mesa departamental.

Aunque casos como el de Pinto son los que más se asocian con la victimización de la mujer en el contexto del conflicto armado del país, no es el único hecho victimizante. A diario cientos de mujeres son desplazadas, o se convierten en cabeza de hogar tras la muerte, secuestro o desaparición de su cónyuge, lo que las sitúa en un estado de vulnerabilidad que en ocasiones no es reconocido.

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Al respecto, Patricia Riveros, integrante de la Mesa Nacional de participación efectiva de las Víctimas y defensora de los derechos de las fuerza pública en este conflicto, expresó que a lo anterior se le suma que “además, no solo son víctimas de los delitos contra su integridad, sino que también deben velar por la protección y salvaguarda de los delitos que se cometen contra sus hijos, sus familiares, sus cónyuges, afectando la posición que representan en la estructura social”.

Desde la entidad que representa, Fundiheco, evidencia que no todas las mujeres son víctimas por violencia sexual, dijo también por lo ocurrido a sus familiares. “Muy pocas esposas y madres de soldados y policías fallecidos en Colombia, podrán declararse como víctimas o parte procesal dentro de los procesos de víctimas que se adelantan frente a los victimarios”, señaló.

Esta distinción entre las víctimas mujeres ocurre porque se necesitan más elementos para definir a una persona en esta condición, según explicó la Unidad. En otros casos, sucede porque al inicio la afectada no se declara vulnerada por todos los delitos, en especial los sexuales. “Muchas mujeres habían declarado hace años el desplazamiento forzado, pero nunca la violencia sexual, por temor, vergüenza, porque no se les permitió, por los estereotipos marcados del patriarcado que nos ha dicho que cuando somos víctimas de violencia sexual es porque es por nuestra culpa”, subrayó Lina Camargo Pérez, coordinadora de género de la Unidad para las Víctimas.

La profesional explicó que la Unidad se ha centrado en hacer una reparación a las víctimas de delitos sexuales, unas 2,000 mujeres en total, con enfoque psicosocial, según las necesidades identificadas. Además, un programa para los colectivos de mujeres, once en el territorio nacional, con el que se busca el apoyo colectivo.

Por el contrario, en otros tantos casos la mujer denuncia pero no es tenida en cuenta. “ La Unidad de Víctimas me estaba rechazando cuando declaré por el hecho victimizante de violencia sexual y me aparecía como no incluida. Me tocó hacer un recurso de reposición  y mostrar argumentos para que me pudieran incluir”, relató Pinto. 

No obstante, para Camargo Pérez es posible resaltar que hoy en día al menos hay una mayor conciencia de que la violencia sexual en el contexto de la guerra existe y, por parte de las mujeres, que hay que denunciar. "Lo que hizo el registro fue empezar a aumentar las cifras, que más que incrementarlas, es visibilizar lo que pasó en el conflicto armado más allá del desplazamiento”. 

La niñez arrebatada 
2’514.330 menores de edad víctimas han sido registrados hasta el 1 de noviembre de este año. Unicef Colombia, por su parte, reveló en su informe de 2016, dado a conocer este año, que en el caso de “la violencia relacionada con el género es difícil de medir y llevar a juicio, especialmente en medio del conflicto armado. Fuentes independientes estiman que entre 2008 y 2012, hubo por lo menos 48.914 menores de edad que habían sido víctimas de violencia sexual, cuyos presuntos perpetradores eran miembros de grupos armados”. De dicha cifra, 41.313 eran niñas y 7,601 niños.

El reclutamiento forzado, sin duda, es uno de los flagelos que afecta en mayor medida a los menores de edad en ciertas zonas del país, de los que el Icbf ya ha desvinculado 6.377, entre 1999 y  2017, ubicando a Antioquia en primer lugar (con 970 niños, niñas y adolescentes) y a las Farc como el grupo que más lo comete. Al menos 200 niños y niñas asociados a las Farc, por su parte, iniciaron proyectos de reintegración y reconciliación comunitaria en Nariño y Cauca (indígenas), según reportó Unicef en el mencionado informe. 

Para Jaime Restrepo Restrepo, de la Asociación de víctimas civiles de la guerrilla terrorista e integrante de la Federación de víctimas de las Farc , es fundamental tener en cuenta que el reclutamiento es considerado como crimen de lesa humanidad y de sistema, y que es cometido no solo por las Farc, sino también por parte  del Eln, Epl y el M19; en zonas donde abunda la ausencia del Estado, en cuanto a fuerza pública y oferta institucional y el maltrato dentro de los hogares.

Restrepo Restrepo ha seguido de cerca el reclutamiento forzado por parte del bloque occidental de las Farc, llamado iván ríos, que tiene injerencia en Antioquia, el sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y chocoano y el norte de Risaralda, del cual dice conocer 130 casos documentados.

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Desde otra perspectiva,  tal y como sucede con las mujeres víctimas, la violencia sexual, el reclutamiento forzado y el desplazamiento, no son las únicas formas de victimizarlos.  “Los niños víctimas de la guerra pueden ser millones y millones, porque a un niño o una niña que le asesinen a su papá o la mamá ya lo es; la ausencia del amor paterno o materno va a marcar el desarrollo de un niño que haya pasado en su infancia por este evento tan adverso”, detalló Ximena Norato, directora de la Agencia de Periodismo por los Derechos de la Niñez Pandi.

Para Norato, ante la magnitud de esta problemática con la niñez, es crucial la reparación que se tenga con los menores de edad, enfocada en superar todas las secuelas que pueda dejar lo que ocurrió en el pasado. ”Mucho de la inversión que debería haber en el posconflicto es en fortalecer a los niños y a las niñas en su participación y resolución pacifica de conflictos, diálogo asertivo. Que puedan participar en actividades artística, culturales y deportivas como entornos protectores y que favorecen la construcción de la paz”, replicó la directora de Pandi.
Parte de esa reparación, desde el punto de vista de Pinto, parte de la participación a la que tienen derecho las mujeres.

¿Y la justicia?
Volviendo al caso de Edna Rocío Pinto, en su concepto la palabra justicia es lo que literalmente le ha faltado a su caso. “No he tenido el derecho a la verdad, a la justicia, el derecho a que me escuchen, a saber por qué este grupo al margen de la ley me hizo tal atrocidad, como se lo ha hecho a muchas niñas”, relató.

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Su posición es compartida con la funcionaria de la Unidad de Víctimas, quien reconoció que aún falta mucho camino en la justicia colombiana para los casos de violencia sexual.  “En todos los delitos sexuales hay un alto grado de impunidad porque no hay forma de identificar a los victimarios. Eso ha sido parte de las deudas grandes que el Estado tiene".

Por su parte, Jaime Restrepo Restrepo indicó con respecto a este punto que "si no hay justicia en Colombia como vemos que va a suceder con el desarrollo de la Justicia Especial de paz, entonces propenderemos porque en un mediano plazo puedan darse las garantías para activar la responsabilidad penal internacional ante la CPÎ y ante la jurisdicción universal".