Si los mandatos de los organismos multilaterales y de las cortes colombianas fueran respetados por el Gobierno con la misma convicción con que reclama respeto para sus pactos con la guerrilla, la dirigencia wayuu no tendría que pedirle al vicepresidente que convenza a otras autoridades de que los indígenas deben ser respetados y protegidos como los ciudadanos colombianos que son.

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Si el asombro con el pueblo wayuu trascendiera la fanfarria por tejidos tan magníficos que merecen ser regalados al Papa para que los use como ornamentos, y profundizara en el sufrimiento de las familias, esa etnia no estaría lamentando el hambre que asesina o enferma a gestantes, lactantes y ancianos. Si el asombro fuera acción, el país estaría exigiendo al gobierno de La Guajira y las autoridades nacionales que adopten soluciones estructurales, en forma de políticas de seguridad alimentaria con pertinencia cultural, y que erradiquen la corrupción que hace que se esfumen recursos que habrían evitado que la epidemia de la desnutrición ataque al 27,9% de la población menor de cinco años, causándole daños físicos y neurológicos irreversibles, cuando no la muerte que sólo en este año se ha llevado 26 vidas menores de cinco años.

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Porque constató la crisis alimentaria, la falta de agua potable y la casi ausente atención sanitaria en sitios próximos a las rancherías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Cidh, dictó, en diciembre de 2015, medidas cautelares a favor del pueblo wayuu. La desatención gubernamental a tal orden motivó que, en octubre de 2016, la Corte Constitucional tutelara el derecho de los niños wayuu a la vida exigiendo medidas por su seguridad alimentaria, acceso al agua potable, atención sanitaria y, por las comunidades, garantía de que la cultura no sería barrera para acceso a la protección médica. El Gobierno de Colombia ha incumplido. Y ha sido caradura en su elusión. Tanto que en visita de revisión al departamento, el pasado 15 de julio, el presidente Santos decidió que la “reducción” de muertes de niños, frente a 2016 y gracias a subregistros que los wayuu denuncian, le permitía declarar un triunfo que celebraron gobernantes locales, ensimismados porque les permitieron volver a manejar los recursos de regalías, y medios de comunicación ajenos a la indignación, o siquiera a la pregunta, ante la muerte de un niño, así sea uno, porque no accedió al básico menú alimenticio que salva su vida y cuida su salud.

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Ante el silencio de los directos responsables de protegerlos y la indiferencia del presidente por la tragedia de la desnutrición de su pueblo, las autoridades wayuu han acudido al vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, apelando a “sus buenos oficios y su sentido humano para implorar, una vez más, seamos dignificados como ciudadanos colombianos a quienes rige también la Constitución Política y los tratados internacionales”. Su justo clamor es nuestra exigencia al Estado.