El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo tiene objetivos bien fundamentados: busca tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos, una vez que estos cuenten con acceso a la información ambiental  fidedigna  y así lograr el acceso a la justicia en asuntos ambientales.  El Principio como tal busca profundizar las democracias a través de la confianza que se genera producto de las  decisiones que adopten  los gobiernos y, a su vez, prevenir los conflictos que se derivan de los hechos socioambientales.

Vea: Lo que va de GEO5 a RIO+20

En materia ambiental se han logrado avances significativos en América Latina y el Caribe y se denota en la constitución de 20 países en la cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente sano; en 20 naciones se han adoptado leyes que permiten el acceso a la información pública y, en otros tantos, los ciudadanos o colectivos de estos pueden ejercer acciones legales en defensa del medio ambiente. También en 25 paises de la región se han incorporado disposiciones para promover la participación pública en la conformación de leyes medioambientales y en 18 países se cuenta con entidades especializadas, judiciales o de otra carácter con énfasis en el medio ambiente. 

En Colombia, los conflictos socioambientales están a la orden del  día y así lo denota el Observatorio de Conflicto Ambientales -OCA- el cual ilustra casos como  el de la construcción de hidroeléctricas que inundan importantes relictos de ecosistemas naturales y áreas de interés arqueológico;  la ocupación de territorios de comunidades afro por parte de empresas reconocidas para el cultivo de palma de aceite;  la expansión urbana del norte de Bogotá, la destrucción del bosque urbano de la ciudad de Medellín y la contaminación de su atmósfera por parte de las industrias y de su parque automotor.

Desde los enfoques de la economía ecológica y la ecología política, los conflictos socioambientales son producto de las asimetrías o desigualdades sociales y temporales en el uso de los recursos y servicios ambientales por parte de los humanos. En otras palabras, es la inequitativa forma en que se distribuyen los costos ecológicos y los potenciales ambientales, y es por eso, que los conflictos socioambientales van más allá de la simple disputa por la propiedad de un recurso, ya que se  enfrentan por este dos tipos de cosmovisiones: por un lado, lo que ven el medio ambiente como una herramienta de carácter económico y, por otro lado, los que lo ven como el espacio vital para el desarrollo de la vida.

¿Cuál herramienta es fundamental para abordar la problemática de los conflictos socioambientales?  El Acuerdo sobre  la Democracia Ambiental es la clave,  pues con ella,  los ciudadanos tienen la posibilidad real de ejercer sus derechos para acceder a la información, la participación y la justicia en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales, pues al fin  y al cabo, son los ciudadanos los afectados por toda clase de proyectos o políticas medioambientales y deben tener un rol decisivo en la toma de dichas decisiones, siendo la forma más sensata de legitimizarlas y, a su vez, romper con el recelo con que  las élites miran los procesos participativos.

Así las cosas, ¿cuál democracia ambiental subsiste en una ciudad como la nuestra donde se toman decisiones a espaldas de los ciudadanos cuando se trata de las famosas emergencias ambientales? ¿Por qué es el ciudadano del común quien debe “contribuir” con la mejora de la calidad ambiental a través de un pico y  placa inútil, cuando son muchos los actores que comprometen la calidad de la atmósfera de Medellín? ¿Qué rol juegan los concesionarios de autos y motos en la toma de decisiones de las políticas ambientales de nuestra ciudad?  ¿Cuándo podrán los ciudadanos tomar asiento en el Concejo de Medellín (sin la intervención de los corporados) para que en conjunto con su mandatario se logren concertar las políticas ambientales locales?  

Ya habrá espacio para discutir dichos interrogantes.

Vea también: Lo que va de GEO5 a RIO+20