La economía colombiana cerró el primer trimestre de 2017 entre sombras.

La encuesta entre comerciantes, que realiza Fenalco, reporta una caída de 7,2% en el comercio minorista, la mayor en la historia del registro, según el gremio, e indicador sumamente preocupante frente al resultado de 2016, cuando el consumo en comercio minorista creció en 5,3%.

Otros sectores tampoco registran datos alentadores. La industria registró en febrero una caída en producción del 3,1%, según la Andi. Y la inversión extranjera directa sigue en franco retroceso, pues en diciembre de 2016 ascendió a US $846 millones mientras en marzo apenas llegó a US $566 millones, siendo los sectores más golpeados los de minería y petróleo, en los que la inversión retrocedió de US $454 millones en enero de este año, a US $350 millones en marzo.

Con estos datos, mal puede el equipo económico gubernamental buscar ahogados aguas arriba, o sea responsabilidades en sectores específicos, y menos le cabe al presidente Santos culpar a los medios de comunicación por el pesimismo de los agentes económicos. Con sus decisiones equivocadas, el Gobierno Nacional condujo al país a este frenazo económico.

La drástica reforma tributaria impactó la canasta familiar, por el aumento y ampliación de productos con IVA e impoconsumo, así como los gastos por mayores impuestos, sin que se vieran compensados con mejores ingresos para los colombianos.

A la carga impositiva se suman las incertidumbres jurídica y política creadas por decisiones judiciales erráticas y por la ruptura de las instituciones y procedimientos para la transformación de la democracia.

En forma equívoca, la Corte Constitucional construyó un legado de decisiones que amparan campañas contra la minería responsable, dejando las decisiones sobre el manejo de recursos naturales al albedrío de pretensiones populistas que espantan la inversión empresarial, que encuentra otros países con las puertas abiertas, mientras atraen a los grupos ilegales para que se tomen los territorios.

En su afán por imponer el acuerdo final con las Farc, el Gobierno Nacional desconoció el resultado del plebiscito y, de contera, impuso, con ayuda de la Corte Constitucional, procedimientos extraconstitucionales para transformar las instituciones y procesos judiciales, el régimen político y el sistema de derechos fundamentales. Tales actuaciones representan quiebres fundamentales en el constitucionalismo colombiano, que ha tenido como uno de sus más caros valores el del respeto por las reglas de juego, los distintos actores democráticos y el control entre poderes. Analizados en sus aspectos generales, estos hechos son alertas para inversionistas propios y extraños, que terminan por frenar el desarrollo económico.