La transformación permanente de las actividades asociadas a la prestación de los servicios públicos y la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar su  universalización, la protección de los usuarios, el desarrollo de la  competencia  en condiciones de igualdad y el fortalecimiento de la actividad empresarial que desarrollan los prestadores, hacen que se generen expectativas sobre  las nuevas decisiones que deben adoptarse en forma inmediata y que sin lugar a dudas afectarán la prestación de los servicios.
Con el cambio de administración nacional seguramente se registraran cambios en la política sectorial de servicios públicos domiciliarios y en los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, estos cambios pueden significar un avance en la consolidación  del carácter social de los servicios públicos, o por el contrario,  pueden ser un paso atrás para alejarse de la aplicación de instituciones propias del Estado Social de Derecho y de la adopción de medidas a través de las cuales se materialice la doctrina del servicio público. 
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En todos los servicios públicos deben adoptarse medidas inmediatas vía modificaciones legislativas, la expedición de reglamentos o la expedición de regulaciones por parte de las Comisiones, algunas de las decisiones más importantes tienen relación con: (i) el impulso a la prestación de servicios públicos bajo nuevas modalidades de prestación o la utilización de esquemas diferenciales en su prestación; (ii) la modificación de la asignación de recursos del sistema General de participación, que podría permitir la destinación de estos recursos al fomento de esquemas asociativos regionales, al  pago  de subsidios y a soluciones comunitarias de prestación; (iii) la asignación de estímulos a la generación de energías renovables y no contaminantes y a la actividad de aprovechamiento como complementaria al servicio de aseo; (iv) el impulso a la ejecución de programas tendientes a garantizar el acceso universal a los servicios públicos a través de la atención del mínimo vital; (v) la consolidación de la actividad de reciclaje y la materialización de la adopción de acciones afirmativas a favor de los recicladores de oficio; (vi) el impulso a las economías circulares;  y (vii) en materia de TIC la realización de la subasta que permita la adjudicación de permisos para el uso de nuevas frecuencias radioeléctricas como es el caso de la banda de 700 MHz y la definición de mecanismos que promuevan el avance equitativo hacia la convergencia tecnológica.
Se trata de la adopción de medidas de las que se viene hablando desde hace varios años y en las que el paso del tiempo las hace inaplazables, pues es claro que en muchos de los aspectos propios del sector la sola aplicación de leyes como la 142 de 1994 y la 1341 de 2009 no son suficientes para atender los desarrollos tecnológicos y las necesidades sociales. 
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Aunque existen diferentes puntos de vista y medios que permiten adoptar medidas que posibilitan el desarrollo del sector de los servicios públicos, esas medidas no tienen el mismo contenido y alcance, ni privilegian de la misma manera a los diferentes actores del sector, pues mientras en unos casos, las medidas miran principalmente el desarrollo empresarial y el privilegio para la inversión, en otros casos lo que se busca proteger es asegurar que todas las personas puedan acceder en forma equitativa a los servicios, proteger los derechos de los usuarios y garantizar un desarrollo sostenible en el que la protección del medio ambiente juega un rol esencial.
Dar un nuevo impulso al sector de los servicios públicos, es una condición necesaria en las circunstancias  actuales,  el problema fundamental es decidir en qué sentido deben darse nuevos pasos, pues no será lo mismo si  se tiene como norte exclusivo la protección de los inversiones y el desarrollo empresarial o si el norte lo determinan las políticas públicas de servicio universal, la protección de los usuarios, el aseguramiento del derecho a tener una vida digna y la protección del medio ambiente en beneficio de todos.
Las primeras medidas que adopte el nuevo Gobierno mostraran el camino adoptado, ojalá con ellas se privilegie el interés público social, que es la razón de ser del Estado.