Las recientes declaraciones del rector de la UdeA sobre el desfinanciamiento de las universidades públicas es una noticia preocupante. A la fecha el déficit acumulado de todas las universidades públicas colombianas alcanza los ochocientos mil millones de pesos y no se avizora solución pronta.

La ley 30 de 1990 en su momento resolvió el problema presupuestal de las universidades estatales comprometiendo al Gobierno Nacional con la actualización anual del presupuesto en el IPC; las normas posteriores (decreto 1279 de 1992) sobre el régimen salarial y prestacional de los docentes, sumado a la presión ejercida desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) de ampliación de cobertura sin agregar nuevos recursos que hagan base presupuestal son, entre otros, los orígenes del desfinanciamiento de las universidades.

Infortunadamente las normas que expiden los gobiernos no son objeto de simulación en cuanto a los impactos fiscales a mediano y largo plazo; era previsible que la puesta en funcionamiento del decreto 1279 de 1992 fomentaría el incremento de la productividad intelectual y la formación en el campo doctoral de los profesores universitarios, lo que está en estrecha relación con la esencia de las universidades, factores que tienen como contraprestación incrementos salariales de los docentes. Como lo indica el Dr. Alviar en el año 2000 sólo el 9 por ciento de los profesores universitarios de Colombia tenían doctorado, mientras que cerrando este año el porcentaje de profesores universitarios con formación doctoral supera el 40 por ciento.

A pesar de que el salario de los profesores universitarios oficiales puede aumentar en una proporción mayor al porcentaje decretado por el Gobierno Nacional (debido a la productividad académica, la formación posgraduada, evaluación docente, etc.), lo cierto es que los valores alcanzados no son competitivos con los que ofrecen las universidades privadas de prestigio. Gracias a este desbalance hoy las universidades privadas se están llevando el mejor recurso humano a nivel técnico y científico al ofrecer condiciones de enganche mejores. Desde hace varios años se viene dando el fenómeno de que profesores vinculados inicialmente a universidades públicas dejan sus plazas por un cargo en una universidad privada.

Por otro lado el MEN hace presión sobre los rectores de las universidades públicas para aumentar cobertura sin recibir recursos nuevos que hagan base presupuestal, lo que está llevando a las universidades estatales a comprometer su existencia. El caso de la Universidad de Antioquia es una muestra de esto al duplicar su cobertura en un período de quince años sin obtener del Gobierno Nacional nuevos recursos.

Si el Gobierno Nacional no reconoce que debe inyectar recursos nuevos a las universidades públicas, me temo que el camino a seguir por parte de las consejos superiores y académicos será la de revisar sus compromisos de cobertura, lo que por supuesto es una señal negativa para la sociedad.

No me queda duda de que las universidades públicas pueden realizar ajustes en temas como duración de los programas, periodicidad de la admisión a los programas de pregrado, reducción de la nómina docente de hora cátedra, disminución de los recursos para la investigación, entre otros, lo que debilitará el impacto social de estas instituciones.

La verdad es que esta denuncia que hace el Dr. Alviar no es nueva; ya en el año 2009 el contralor General de la Nación, Dr. Julio César Turbay, había anotado que las universidades reciben cada vez menos recursos, mientras las exigencias del MEN eran cada vez mayores: “El dilema es claro: se desfinancian progresivamente las universidades públicas, pero al mismo tiempo se les exige cada vez más, y las ganancias en eficiencia tienen un límite”. Esperemos que el presidente Santos cumpla su promesa al decir que los recursos que ya no se utilizaran para la guerra ahora se podrán utilizar para construir la paz.

(*) Profesor Universidad de Antioquia